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(Valencia, 12 de diciembre. Noticias24 Carabobo) Funcamama, la fundación de la Lucha Contra en Cáncer de Mama, con más de 14 años de trayectoria y con sede en el estado Carabobo, emitió un comunicado a propósito del fin de año, en el que esgrimen su preocupación por la situación que actualmente atraviesa la salud en el país, especialmente los pacientes afectados por cáncer, enfermedades de transmisión sexual y crónicas.

Lea aquí el comunicado

Navidad y Fin de Año es tiempo de festejos pero también de balance y reflexión, en este sentido, no podemos dejar de preocuparnos (y ocuparnos) por la situación de la salud pública en nuestro país, lo cual ha motivado la movilización de fundaciones y ONG´s que trabajamos en el área de la salud, sobre todo en el caso de pacientes de alto riesgo ya que como dice el lema que hemos esgrimido “La salud no puede esperar”. Desde el 15 de noviembre pasado, a través de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), hemos estado emitiendo documentos de alerta y gestionando reuniones con los entes gubernamentales, algunas ya se han hecho pero insistiremos hasta que se logren soluciones prontas y ciertas, porque no basta con preocuparse sino OCUPARSE. Precisamente, por ello, porque tomar conciencia y activarnos todos es parte fundamental de esta lucha, queremos compartir con ustedes, amables lectores, el documento donde se diagnostica el estado de emergencia en que se encuentra la situación de la salud en Venezuela.

El sistema sanitario público en Venezuela atraviesa su peor momento, como consecuencia de un proceso de debilitamiento de las estructuras sanitarias e institucionales, de lo cual las personas con problemas de salud y sus familiares, los profesionales de la medicina así como diversas organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, han venido alertando desde hace varios años. Al severo deterioro de los servicios de salud del sector público, se suma la ausencia de una ley orgánica cónsona las con disposiciones constitucionales de 1999, lo cual ha favorecido un patrón de medidas erráticas por parte de los órganos competentes que han causado la precarización de los programas y de los servicios existentes, y la falta de instrumentos legales para que los ciudadanos puedan hacer valer las garantías constitucionales del derecho a la salud frente a las fallas y omisiones de las instituciones sanitarias.

La problemática del sistema sanitario público se caracteriza por una acentuada fragmentación y un profundo desmejoramiento de las instituciones que han socavado la rectoría, el acceso, la efectiva prestación y el cabal financiamiento de los servicios sanitarios. Existen múltiples sectores de provisión de servicios sin articulación entre sí, seriamente disminuidos en sus capacidades de atención, desigualmente distribuidos, solapados en sus coberturas y con presupuestos altamente deficitarios , que impiden a la mayoría de la población encontrar una atención sanitaria temprana, eficaz y oportuna. Por otra parte, la población no cuenta con una autoridad sanitaria efectivamente garante de la protección del derecho a la salud a nivel nacional, ni con políticas que de manera responsable, sostenida y adecuada garanticen los medios de atención y tratamiento a las personas afectadas por enfermedades y epidemias o en diferentes condiciones de salud.

Esta situación ha venido agravándose en el último año, presentado un cuadro particularmente preocupante para la atención de las personas en condiciones de salud crónicas, como se resume a continuación: 3.000 mujeres con cáncer de mama no consiguen medicamentos. El cáncer de mama continúa en ascenso y ocupa el primer lugar de la mortalidad de las mujeres por causas oncológicas. Es crítico a su vez la falta de médicos mastólogos, radiólogos, y cirujanos oncólogos en el país. 560 personas con linfoma están afectados por falta de medicamentos en los distintos protocolos de tratamientos de quimioterapia y la falla de equipos de radioterapia en los centros de salud públicos. 15.000 personas con problemas renales que requieren de diálisis, no reciben ni los tratamientos necesarios para su terapia desde hace 6 meses. 45.000 personas con VIH que requieren recibir tratamientos para proteger su vida y su salud, han estado afrontando episodios recurrentes de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. 25.017 personas con drepanocitosis –incluyendo niños- y 100 personas con talasemia mayor, no reciben inmunización contra neumococos, hepatitis B, Haemophilus influenzae, virus de la influenza, porque estas vacunas no están incluidas en el programa nacional de vacunación. 4.500 personas en lista de espera se encuentran en grave riesgo por la paralización de los trasplantes de órganos en Venezuela,

El 15 de noviembre de 2013, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) extendió al recién designado Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, una comunicación pública en la cual se solicitaba atender las siguientes propuestas:

1.- La adopción de medidas urgentes para superar los obstáculos institucionales y las deficiencias técnicas y presupuestarias que hasta esa fecha no habían permitido resolver las necesidades de dotación y suministro de medicamentos esenciales, reactivos y otros insumos incluidos dentro de los protocolos de tratamiento, seguimiento y atención de todas las personas con enfermedades crónicas.

2.- Realizar las diligencias y esfuerzos necesarios para rescatar la infraestructura y atender las necesidades de equipamiento y dotación del Banco Municipal de Sangre; ampliar y crear nuevas unidades de diálisis en las ciudades con más población de enfermos renales, garantizar la suficiente disponibilidad de unidades de mamografía y ecografía –conforme a los estándares médicos y científicos- en los centros públicos de salud del país, así como asegurar el mantenimiento continuo y adecuado de los 26 equipos de radioterapia existentes.

3.- Abrir un mecanismo de diálogo con todas las organizaciones de personas en condiciones crónicas de salud o con aquellas que las apoyen en sus derechos, a fin de participar en un plan de acción para solucionar las deficiencias técnicas, humanas y financieras de los programas del Ministerio –en particular aquellos que deben atender las condiciones de salud señaladas- y hacer frente a las principales causas del debilitamiento estructural de los servicios sanitarios públicos.

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional hizo un llamado a los miembros de Codevida para asistir a un diálogo con presencia de representantes del MPPS, en la cual se acordó instalar una serie de mesas de trabajo para abordar requerimientos en cada una de las áreas críticas señaladas. Como consecuencia de este acuerdo se realizó en la sede del MPPS una reunión en el área de trasplantes y la propia Comisión realizó una inspección del Banco Municipal de Sangre, verificando el cierre técnico de dicha institución, sin que haya habido hasta el momento una nueva convocatoria ni respuestas que pudieran señalar posibles soluciones a los graves problemas que están afrontando las personas afectadas, tomando en cuenta los riesgos que ellas están corriendo de no tomarse acciones con la urgencia debida.

Organizaciones miembros de CODEVIDA: Funcamama, Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma, Acción Solidaria, SenosAyuda, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Asociación de Apoyo al Paciente Hematológico, Amigos Trasplantados de Venezuela y Asociación Venezolana de Drepanocitosis y Talasemia.

Con información de nota de prensa

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