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(Valencia, 07 de marzo. Noticias24 Carabobo) Un grupo de 15 empresas y cooperativas de transporte pesado y de personas introdujo este viernes, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de amparo contra el alcalde de San Diego, Vicencio Scarano y el director general de la policía de ese municipio, Salvatore Lucchese, por no ejercer acciones para evitar desordenes públicos dentro de la localidad, específicamente en el Distribuidor de San Diego y en las urbanizaciones cercanas.

Así lo dio a conocer Oscar Martínez, representante legal de los transportistas, quien informó que el propósito de esta acción legal es defender los derechos e intereses colectivos de la población venezolana.

En este sentido indicó que las acciones de personas violentas que vienen realizando trancas y cierres desde el pasado 12 de febrero conllevaron a que, “se haya atentado y se siga atentando contra el derecho que tenemos de transitar libremente por las vías del estado Carabobo, dedicarnos a nuestra actividad económica como lo es el transporte de personas y carga, derecho a la vida, gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos”.

Aseguró que “las guarimbas” atentan contra las garantías de seguridad alimentaria y fomentan el desabastecimiento de productos, no sólo de los ciudadanos de San Diego, sino de distintas zonas del país, por cuanto el cierre del Distribuidor San Diego, hace intersección entre la variante de la Autopista Regional del Centro con la autopista Bárbula Guacara y la avenida intercomunal Don Julio Centeno, es decir constituye la vía de tránsito principal entre uno de los principales puertos del país como el puerto de Puerto Cabello y la región central venezolana.

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Martínez señaló que, “pese al gran esfuerzo realizado por los distintos organismos de seguridad nacionales y estadales, se pueden observar barricadas y escombros que obstruyen el libre tránsito en las distintas áreas del municipio, con la mirada negligente y omisiva de los funcionarios policiales adscritos a la Alcaldía”.

Detalló que, “se introdujo este recurso para que el TSJ ordene al Alcalde que actúe de manera categórica y envíe los policías a proceder para que se acabe la tranca que existe al final de la avenida Don Julio Centeno y el Distribuidor San Diego”.

Explicó que, “el alcalde Scarano debió evitar esos actos vandálicos y desordenes que atentan contra el orden público y que han transgredido y amenazan los derechos e intereses colectivos y difusos de la población venezolana que quiere trasladarse de un lugar a otro y que se sienten amenazados de perder la regularidad debida y necesaria para la adquisición de alimentos para su subsistencia”.

En este sentido, Oscar Martínez, afirmó que esta omisión pudiera considerarse como presunción de complicidad entre las autoridades de la Policía Municipal de San Diego y estas personas que han venido realizando actos vandálicos en el municipio.

Denunció que, “los guarimberos han impedido que desarrollemos nuestra actividad económica de transporte, la cual requiere de vías libres por las cuales podamos transitar; lamentablemente no se encuentran en tal condición dado que las vías están cerradas por personas que más que protestar ejercen violencia continua sobre nosotros, nuestros vehículos y carga que llevamos, siendo el hecho que hasta la fecha no hemos visto ninguna acción de parte de las autoridades del municipio San Diego”.

Resaltó que, “la negligencia y omisión de los funcionarios policiales, bajo la autoridad del Alcalde del municipio San Diego y el Director General de la Policía Municipal, han permitido y permiten que grupos vandálicos destruyan bienes de todo tipo y mantengan en un estado de zozobra a los habitantes de San Diego”.

Martínez consideró necesario que se ordenen medidas inmediatas ante la vulneración de los derechos constitucionales. “Esperamos que el TSJ declare con lugar el amparo para garantizar a los transportistas y población en general los derechos establecidos en la Constitución y que han sido violados por las trancas y desordenes públicos”, agregó.

Por su parte, José Méndez, uno de los transportistas afectados, explicó que, “diferentes tipos de transporte como colectivos y de carga, cada vez que queremos pasar por ahí somos agredidos, nos caen a piedras y rompen los vidrios. Esta situación tiene bastante tiempo, el distribuidor se mantiene cerrado y esa es la principal vía para entrar al municipio”.

Es por ello que, “pedimos al Tribunal que haga cumplir la ley y tengamos el derecho al libre tránsito y Scarano tome cartas en el asunto, que cumpla con su responsabilidad como Alcalde, porque cuenta con una Policía municipal, la cual pareciera estar en complicidad con las personas que mantienen la tranca”.

Con información de Nota de Prensa

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