Antes de que Rafael Isea anunciara que permanecería en Washington, Estados Unidos, para terminar una maestría, estuvo bajo la mirada de dos organismos internacionales: La DEA (Drug Enforcement Administration), con la que pactó un acuerdo de protección, y la Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidas.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no investigó a Isea por ninguna causa porque su presidente, Pedro Carreño (PSUV), alegó que no procede por noticia criminis sino por recaudos que presentan los interesados en aclarar y que por los momentos nadie había consignado nada.
“Una diputada de Primero Justicia trajo un papelito. ¡Traigan las pruebas!”, exhortó Carreño, sin embargo, el diputado de Avanzada Progresista, Ismael García, refutó a Carreño y recordó que consignó ante el Parlamento una serie de documentos que fueron desestimados.
Justicia internacional
En vista de la negativa, Ismael García optó por ir a otra instancia esta vez de carácter internacional: la Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidas, con sede en Argentina.
“Isea comprometió el patrimonio, no sólo de Venezuela sino de Argentina, Ecuador y Bielorrusia, con la emisión de papeles financieros que sirvieron para que los países, en medio de una crisis, consiguieran recursos, pero también para que unos vivos consiguieran comisiones. Por esta razón, acudí a la Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidades por tratarse de ilícitos cambiarios que permitieron la fuga de capitales y los personeros ligados a Isea, obtuvieran unas ganancias en perjuicio del Estado”, explicó García.
El daño patrimonial al Estado es incalculable porque entre 2004 y 2009 fueron colocados 10 millardos de dólares en notas y bonos argentinos, sin que se conocieran las condiciones financieras.
“Los operadores sí ganaron; en cambio, más de 1,5 millardos de dólares lo que constituyó el negocio más rentable de Venezuela, pero también el más formidable ilícito que se haya realizado en el país y que deja atrás de manera sobrancera los casos emblemáticos de corrupción”, indicó García en un documento entregado a la Fiscalía y luego ante la instancia de la ONU.
En el material se deja claro que Isea promovió “un mercado paralelo de divisas” que fue aprovechado por funcionarios para incurrir en hechos de corrupción.
“Contrario al deber de un ministro, Isea amenazó la soberanía, la democracia y el patrimonio nacional porque no adoptó las medidas necesarias para prevenir las actividades delictivas, ni detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con su ejercicio. Su misión no era auspiciar y proteger tales hechos criminales”, expresó.
Con información de Hernán Lugo Galicia / El Nacional
