Hace algunos días el presidente Donald Trump amenazó de nuevo con expulsar a tres millones de indocumentados en Estados Unidos.
El anuncio por sí solo estremeció los endebles cimientos de los inmigrantes ilegales quienes se mantienen en suspenso. Su lucha por permanecer en tierras estadounidenses y lograr el “sueño americano” es larga.
Distintas asociaciones que pretenden evitar la deportación masiva acudieron al Tribunal Supremo de Justicia. Allí cerca de 700.000 indocumentados plantearon una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a Estados Unidos (DACA).
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Mientras contenían el aliento el más alto tribunal falló a su favor y contra el mandatario. Tras la decisión volvieron a respirar aunque la batalla judicial y política persiste.
En ascuas indocumentados en Estados Unidos
El programa DACA lo creó por decreto el 15 de junio de 2012 el presidente Barack Obama. Esa acción trajo de manera momentánea un bálsamo para millones de indocumentados en Estados Unidos quienes corrían el riesgo de ser echados.
Todos aquellos que se acogieron al programa DACA debía primero demostrar que llegaron a EE.UU. antes de los 16 años. Además tenían que probar que tampoco tenían antecedentes penales y que estudiaban secundaria o en cualquier universidad. De lo contrario tenían que demostrar que estaban enrolados en las Fuerzas Armadas. De lo contrario sus horas estaban contadas.
Pero Trump de manera repentina acabó con el programa por lo que se inició una extensa cruzada judicial. Ningún indocumentado está seguro desde que Trump llegó al poder.
Todo comenzó el 5 de septiembre de 2017 cuando el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, informó sobre el fin del programa DACA. El funcionario es uno de los más fuertes críticos de la inmigración ilegal. Sessions dijo que la medida entraría en vigor el 5 de marzo de 2018.
Mientras tanto Trump aseguraba que su predecesor se excedió en sus atribuciones. Además solicitó al congreso que aprobara una ley que pusiera fin a los indocumentados en Estados Unidos.
Luego el 6 de septiembre de 2017 una serie de fiscales generales de 16 estados demandó en una corte federal de Nueva York la decisión de Trump. Argumentaron con la eliminación de DACA se violaba el debido proceso y afecta a residentes, instituciones y economías de los estados.
Nadie duerme tranquilo
Dos semanas después seis indocumentados autodenominados “soñadores” demandaron a Trump ante la corte del distrito norte de California, en San Francisco. Acusaron al presidente de cometer una “violación sin precedentes” de sus derechos al acabar con DACA.
Pero el Departamento de Justicia anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo ante el fallo de un juez de California que ordenó revivir el programa DACA. Los indocumentados en Estados Unidos volvieron a intranquilizarse.
Un mes más tarde, en febrero de 2018, una corte federal en Nueva York frenó la decisión de acabar con DACA. Se trataba de una demanda presentada por cinco “soñadores” neoyorkinos.
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Asimismo el 26 de febrero de 2018 el Supremo rechazó una petición del Gobierno de Trump, que quería que le permitiera acabar con DACA. También en la lucha que libran los indocumentados en Estados Unidos el 3 de agosto de 2018 el juez federal John D. Bates, con tribunal en Washington, ordenó a Trump a reactivar el programa.
Mientras los tribunales se pronuncian contra la deportación masiva, Trump insiste en acabar con sus sueños. Por ello ningún indocumentados en Estados Unidos puede dormir tranquilo. En cualquier momento le pueden tocar la puerta para pedirle que arregle sus maletas.
