(Valencia, 10 de octubre. Noticias24 Carabobo) En virtud del desalojo de los habitantes de los sectores cercanos al Lago de Valencia, la diputada de Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Vestalia Sampedro, aseveró que la angustia, zozobra e incomodidades que experimentan estas 638 familias era evitable de haberse dado cumplimiento a todas las medidas burocráticas que se han resuelto desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta la conformación de una Comisión Presidencial de la que no tenemos noticias.
En este sentido, recordó que según Decreto Nº 8.844, Gaceta Oficial Nº 39.882, del 13 de marzo de 2012, se creó el “área de emergencia habitacional”, que contempla la indemnización a éstas familias y se dispuso un fondo para la construcción de viviendas.
“Múltiples llamados y advertencias a las principales autoridades, hemos hecho en los últimos años, por la amenaza en que se constituye para los pobladores de la zona, la crecida del Lago de Valencia, a quienes defendemos porque hoy una vez más, sufren las consecuencias de la negligencia que hemos tratado de evitar, ” afirmó Sampedro.
Suficientes recursos ha tenido el Estado
Sampedro señaló que “así como dispone para el gasto en asuntos no prioritarios, hoy exigimos se indemnicen a los habitantes de éstos urbanismos en riesgo, o se les construyan viviendas que se correspondan con las que hicieron con su esfuerzo personal y que están en riesgo de perder (…) Dónde está para ellos la Gran Misión Vivienda”, preguntó.
Así mismo, llamo la atención ante la falta de contraloría sobre quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las obras planificadas, subrayó la dirigente de Proven.
“La voluntad de mejorar la gestión, pasa por exigir y no premiar la omisión; es por ello que desempeñando la función contralora de la Asamblea Nacional, exigimos que la Comisión Presidencial para la Solución Integral de la Contingencia Causada por Crecimiento de la Cota de Nivel del Lago de Valencia y su Contaminación, creada hace un año, rinda cuentas sobre su actuación conforme a su dictamen, así como la comparecencia del Ministro del Ambiente para que explique lo que ocurre (…) Estamos obligados ante el país, ante carabobeños y aragüeños, a saber por qué no se han ejecutado los planes acordados desde 1999, a demandar su acatamiento”, dijo la diputada.
Sampedro destacó la necesidad de rescatar la credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado, las cuales, a su juicio, no son apreciadas como instancias capaces de atender y resolver los problemas del pueblo, debido a su falta de respuesta. “Los órganos garantes debemos exigir cuentas y sancionar el incumplimiento, o nos hacemos cómplices de tanta irresponsabilidad”, concluyó.
