Hernández se pronunció así sobre lo declarado públicamente por el alcalde Scarano, dijo que, el alcalde Scarano, según el cual, se han obviado todos los pasos legales del proceso de investigación, que debieron cumplirse durante la audiencia preliminar llevada a cabo el pasado lunes en el Palacio de Justicia del estado Carabobo.
Sobre este particular, la presidenta del Circuito Judicial Penal de la entidad, explicó, que “la audiencia preliminar en un principio fue diferida a solicitud del defensor del ciudadano Scarano, argumentando que se encontraba fuera del país, por lo que fue pospuesta para el 31 de enero del presente año”.
Asimismo, ostentó que una vez diferida la fecha, la audiencia del pasado lunes se llevó a cabo con absoluta normalidad, “siempre apegado al respeto, a los derechos y a las garantías constitucionales que como ciudadano le conciernen”. Además aseguró que, “el poder judicial en Venezuela es imparcial y garante de los derechos de todos los ciudadanos”.
Garantizado Derecho a la Defensa
La máxima autoridad judicial en la entidad expresó que: “Al ciudadano Scarano se le ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso como a todos los ciudadanos, el próximo paso, es que la juez dicte una decisión, con la cual podrá ejercer sus recursos de apelación”, expresó.
Elsa Hernández, detalló que ha sido un proceso totalmente limpio, “en donde se ha resguardado el derecho a la defensa, en el que las partes han estado en todo momento de acuerdo, tanto así, que en una primera oportunidad no se efectuó la audiencia preliminar a solicitud de la defensa del imputado, todo acordado por la jueza, para posteriormente acudir a la nueva audiencia la cual se realizó con total normalidad”.
Paso a Paso apego a la ley
En cuanto al marco jurídico que se ha cumplido en este caso, Elsa Hernández, explicó que, “se inició el procedimiento ordinario a través de una denuncia recibida por el Ministerio Público, por la fiscalía 31, en fecha 16 de abril de 2013 y como lo establece el artículo 76 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.
Posteriormente, aseguró que, “se notificó al tribunal previa distribución, correspondiéndole al tribunal segundo de control de audiencia y medida a cargo de la jueza Blanca Giménez. Seguidamente, el Ministerio Público solicitó una prórroga para culminar la investigación, la cual en su máxima expresión es de 90 días”.
En el mismo particular, agregó que, “finalizada la prórroga, se presentó el acto conclusivo contentivo de una acusación por el delito de violencia física, tipificado en el artículo 42 de la citada ley en contra de varias víctimas”.