(Valencia, 08 de febrero. AFP) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que este jueves 06 de febrero fueron acusados los exalcaldes de los municipios Maturín (Monagas) y Alberto Adriani (El Vigia – Mérida), Numa Rojas Velásquez y Robert Antonio Ramos Castro, respectivamente, por la presunta comisión de hechos de corrupción.
Así lo informó durante el programa de “Justicia y Valores”, transmitido este viernes 07 de febrero por el Circuito Unión Radio (90.3 FM).
En ese sentido, el fiscal 12° de Monagas, Argenis Martínez, acusó a Rojas Velásquez por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito en grado de continuidad y falsedad de declaración jurada de patrimonio; los cuales habría cometido durante su gestión en el lapso correspondiente a los años 2005-2009.
Por su parte, las fiscales 51º nacional y 19º de Mérida, Marijosé Futrille y Jenny Díaz, respectivamente, acusaron a Ramos Castro por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, mientras se desempeñaba como Director General de la Oficina Regional de Tierras de la citada jurisdicción, entre 2001 y 2005.
Por tal motivo, los representantes del Ministerio Público presentaron los escritos ante los tribunales de Control 4º de Monagas y 2º de Mérida, donde solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los exalcaldes y que se ratifique la medida privativa de libertad contra ellos, por lo que Rojas Velásquez permanece recluido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar del estado Bolívar; mientras que Ramos Castro se encuentra en la Dirección General de la Policía de Mérida.
Vale recordar que Rojas Velásquez fue detenido el 22 de diciembre de 2013, en su residencia ubicada en la urbanización Morichal de Maturín, por funcionarios del mencionado organismo de inteligencia militar, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.
Mientras que Ramos Castro fue detenido el 26 de diciembre de 2013, tras haber sido imputado el 05 de ese mismo mes, luego de una denuncia formulada por una persona afectada en el desalojo de una parcela, ubicada en el asentamiento campesino Santa Lucía, sector Caño Tigre del municipio Zea del estado Mérida.
