(Valencia, 08 de febrero. Noticias24 Carabobo) El Mayor General Luis Motta Domínguez, Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia de Precios Justos, realizó una inspección en la empresa Ensambladora y distribuidora Venezuela C.A., desde la avenida Henry Ford, al sur Valencia.
En cadena nacional de radio y televisión dio detalles del proceso de fiscalización, acompañado de Vicealmirante José Sequeira, jefe de Zodi Carabobo, el diputado José Ávila, en representación del Poder Popular, representantes del Ministerio Público, fiscales de la Suden, y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Como resultado, encontraron que la empresa que cuenta con un galpón de 10 mil metros cuadrados, cometió cuatro delitos, entre los que se incluyen usura, especulación, contrabando, e incurrió en el acaparamiento de 49 mil 373 electrodomésticos (cocinas, microondas,neveras, televisores, aires acondicionados, equipos de sonido…) por lo que se le impondrá la máxima pena de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Precios Justos: Deberán pagar 50 mil UT, que equivale a 5 mil 350 bolívares, además de orden de captura en contra del dueño de la empresa, quien se encuentra actualmente en Curazao.
«Intentaron burlar con facturas falsas, esos RIF no existen», señaló Motta Domínguez.
Ensamblajes de Venezuela distribuye a grandes tiendas como Makro, Valcro y Mundo Samira.
«Recibieron 900 millones de divisas (…) Aquí hay productos que tienen dos años almacenados, quiere decir que recibieron el dólar a 2,30 o a 4,30, a pesar de eso, intentaron engañar al pueblo poniendo otros precios». Se encontraron dos listas de precios, la real y otra con la que «pretendían engañar» a los organismos del Estado.
Además, «hablan de mercancía importada, pero ellos intentaron justificar la compra con mercancía a través de cuatro cooperativas, esas empresas son fantasmas, no existen (…) se comete contrabando en flagrancia, según el artículo 59 en la Ley de Precios Justos», concluyó el intendente de e Protección de los Derechos Socioeconómicos.
