Este miércoles, la Corte Suprema chilena declaró que solicitará ante Estados Unidos la extradición del oficial del Ejército retirado Armando Fernández Larios, quien había sido procesado por cargos de secuestro y homicidio calificado de Manuel Sanhueza Mellado, que fue perpetrado en julio de 1974 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según fuentes judiciales, en fallo unánime, el máximo tribunal del país suramericano, dio lugar a la solicitud del juez especial, Mario Carroza, tras decidir que en el caso se cumplen los requisitos de extradición.
«Se declara procedente requerir al Gobierno de los Estados Unidos la extradición del ciudadano chileno Armando Fernández Larios por la responsabilidad que se le atribuye como autor de los delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos en la persona de Manuel Sanhueza Mellado el 10 de julio de 1974″, manifestó el organismo mediante un comunicado.
En parte del texto, se explica que los crímenes fueron realizados «en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado», durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Fernández Larios es uno de los agentes más reconocidos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Participó en sucesos como el asalto a La Moneda del 11 de septiembre de 1973 y en la Caravana de la Muerte de Sergio Arellano Stark.
Igualmente, el exoficial estuvo involucrado en el atentado que le costó la vida al ministro del Interior chileno Orlando Letelier y a su secretaria en Washington en 1976, crimen por el cual negoció su entrega a las autoridades de Estados Unidos a cambio de colaboración en 1987.
Así, estuvo solo cinco meses en prisión y fue liberado, luego de negociar que nunca lo extraditarían a Chile y que, al término de su condena, lo dejarían vivir y trabajar en el país del norte. Actualmente, reside en Miami, donde es un empresario con varias propiedades y sociedades comerciales.
Según fuentes oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de TeleSUR
