El Gobierno de Cataluña ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Catalunya, creada por el Parlament para asumir las funciones de una junta electoral para el referéndum soberanista, que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O, según informa ‘Europe Press’.
Este jueves, el Tribunal Constitucional fijó una multa de 12.000 euros diarios para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura: los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge. La sanción se haría efectiva en caso de que persistan en el incumplimiento de la resolución a partir del día siguiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Dicha resolución exige a los miembros de la sindicatura revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y la renuncia de cada síndico a su cargo.
Según informa la ‘Cadena Ser’, fuentes consultadas han indicado que el gobierno catalán «agradece» a la Sindicatura Electoral de Cataluña la «finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum».
Con información de Actualidad RT
