El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, participó en el Consejo de Ministros N° 247, desarrollado en Miraflores, en compañía del subcontralor, Gustavo Vizcaíno Gil y su tren directivo, a fin de presentar la ponencia la constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
El Contralor reiteró que dicha convocatoria realizada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es el único escenario válido para discutir en paz y en democracia las fórmulas de solución a la crisis que han creado en el país.
“Es una decisión de Estado legitimada por el pueblo en su condición de depositario de la soberanía popular, cuyos objetivos radican en determinar las reglas necesarias para el funcionamiento del Poder Público, y redactar una nueva Constitución que sirva de marco para crear un nuevo ordenamiento jurídico”, declaró el contralor general de la República.
En ese sentido, Ballesteros sostuvo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comprende los derechos y deberes individuales de la ciudadanía, y la organización del Estado y por ser una Constitución rígida solo podrá ser modificada mediante los mecanismos contenidos en ella, no debe ser analizada de manera aislada, sino en su todo para poder entenderla y conocer su naturaleza y autenticidad.
«Su interpretación sistemática u orgánica atiende a la totalidad de los preceptos contenidos en ella. Es necesario articular y armonizar todos los principios constitucionales, de tal forma que haya congruencia y relación entre ellos», indicó.
El titular del Máximo Órgano de Control Fiscal reiteró que, de conformidad con el artículo 348° de la Constitución nacional, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República en cumplimiento de sus atribuciones, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Durante la ponencia, el contralor general precisó, además, que la ANC es un escenario propicio para plantear la constitucionalidad del desarrollo de una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción. “Con ello se fortalecen los mecanismos legales de sanción administrativa, penal, civil y disciplinaria en contra del manejo inadecuado de los fondos públicos, bien sea por omisión, desconocimiento o intención, y se promueve la ética y los valores socialistas”, concluyó.
Con información de prensa Miraflores
