(Valencia, 23 de mayo. Noticias24 Carabobo) El Abogado Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones, aseguró que “todos los penales están en manos de los grupos armados internos” y que no se puede iniciar una reorganización del sistema penitenciario sin descentralizar las cárceles.
Durante un entrevista realizada en el programa «Punto de Encuentro» transmitido por Dat tv, el especialista afirmó que “debe haber una política de concientización de los privados de libertad y erradicar la violencia dentro de las cárceles que se ejecuta con la mirada cómplice de las autoridades”.
Prado señaló no compartir las declaraciones y anuncios de la ministra Iris Valera y se refirió al hacinamiento del Internado Judicial de Tocuyito como una población “superhacinada”, situación que no permite ejecutar actividades de manera eficaz si los privados de libertad están incómodos en su convivencia.
El también abogado defensor de los Derechos Humanos indicó que la reorganización del sistema penitenciario debe iniciar con la descentralización de los centros penitenciarios para acercar a los funcionarios públicos a los problemas de cada cárcel y solucionar así el problema estructural de cada penal.
“La ministra no sabe de cárceles” alegó Humberto Prado, al referirse a los comentarios que frecuentemente que hace la ministra Valera, a la vez que confirmó que si hay centros nocturnos dentro de los penales, “si pueden haber fiestas pero organizadas por las autoridades (…) no este tipo de discotecas”.
Igualmente, dijo que el Código orgánico Procesal Penal ha sido reformado más de una vez y solo se ha “entorpecido” el estatus de los reclusos, “aquí no se puede tener buenas intenciones porque estamos hablando de vidas humanas, el objetivo de los centros penitenciarios debe ser regenerar a los reclusos no hacinarlos”.
De igual manera el director del Observatorio de Prisiones comentó que si en Tocuyito más del 50% de la población reclusa tiene retardo procesal la culpa es del gobierno, y agregó que en la actualidad hay un déficit de 70% en el presupuesto penitenciario del país.
