(Valencia, 23 de abril. Noticias24 Carabobo) Las organizaciones que forman parte de Monitor Legislativo condenaron los hechos ocurridos en la sesión de la Asamblea Nacional del pasado martes. A través de un comunicado, mostraron «suma preocupación» ante la decisión del presidente del AN, Diosdado Cabello, de negar el derecho de palabra a los diputados opositores. Califican este hecho como «un mecanismo violatorio de la libertad de expresión» de los parlamentarios.
Exigieron que se investigue el hecho de violencia física en el cual resultó herido el diputado por el estado Mérida, William Dávila.
A continuación le presentamos el comunicado completo:
Las organizaciones que forman parte de Monitor Legislativo quieren expresar su más enérgica condena a dos hechos ocurridos, este martes 16 de abril de 2013, en la sesión de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (AN).
En primer lugar, exigimos se investigue y se establezcan responsabilidades en el hecho de violencia física en el cual resultó herido el diputado por el estado Mérida, William Dávila. Este legislador recibió el impacto de un micrófono inalámbrico lanzado desde el propio hemiciclo de sesiones. Atendido en un centro de salud de Caracas recibió 14 puntos de sutura. El Parlamento es el espacio para el diálogo plural de los representantes de la voluntad popular, tal como lo establece la Constitución Nacional. Las agresiones físicas o verbales no tienen cabida en la institución parlamentaria, y la presidencia de la AN está en la obligación de garantizar el libre desempeño de todos los parlamentarios sin ningún tipo de condicionamiento, censura o amenazas a su integridad física.
Exhortamos a la directiva de la Asamblea Nacional a que en primer lugar condene categóricamente este hecho de violencia, en segundo término a que lleve adelante una investigación para establecer responsabilidades, y finalmente a que tome las previsiones necesarias para que una situación como ésta no vuelva a repetirse, en las instalaciones de nuestro parlamento nacional. Cabe destacar que hay antecedentes de situaciones similares ocurridas bajo la presidencia del diputado Diosdado Cabelllo.
Del mismo modo, las organizaciones que formamos parte de Monitor Legislativo observamos con suma preocupación la actitud asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, quien estableció un mecanismo violatorio de la libertad de expresión de las diputadas y los diputados del parlamento venezolano al sostener que mientras él esté al frente de la Asamblea Nacional va a impedir a los diputados opositores hacer uso de su derecho de palabra, a menos de que estos públicamente manifiesten su reconocimiento hacia Nicolás Maduro como jefe de Estado. Esta pretensión de censura es claramente violatoria de los derechos constitucionales de los parlamentarios de acuerdo a lo establecido en la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates (Reglamento) y sienta un grave precedente para el ejercicio libre de la función parlamentaria. Las diputados y los diputados, cualquiera sea su posición política, han sido electos por el voto popular, sin cuestionamiento electoral o judicial alguno, y constituye abuso de poder el que otro legislador pretenda establecer condiciones que menoscaben sus derechos constitucionales y legales para cumplir a cabalidad con las tareas que le confió la ciudadanía.
Concretamente, tal proceder es contrario al derecho de palabra que reconoce el Reglamento respectivo (numeral 2, artículo 17). Asimismo, conforme a los artículos 70 y 71 del Reglamento, solo es posible perder el derecho de palabra en dos oportunidades: (i) se perderá cuando el diputado o diputada estuviese ausente de la sesión al ser llamado a usarlo y, (ii) cuando el diputado de manera ostensible y reiterada se salga del tema o materia de discusión. Ninguno de esos dos supuestos de hecho se verificó el día de ayer. Por tanto, la decisión adoptada es contraria al Reglamento Interior, más aún si se recuerda que su artículo 74 establece que la Presidencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de palabra de los diputados y diputadas.
Los dos hechos ocurridos en la sesión de este 16 de abril de 2013, reflejan ante los ojos de Venezuela y el mundo el deterioro del clima democrático, una de cuyas señales es la existencia de un debate parlamentario inequívocamente libre y plural. Por ello, exigimos el inmediato cese de este mecanismo discriminatorio e inconstitucional.
De igual manera, manifestamos nuestro rechazo a la medida de remoción de todos los parlamentarios opositores de las presidencias de comisiones en la AN. Este hecho reviste una clara retaliación política intolerable en una institución democrática, por lo que debilita aún más la ya frágil institucionalidad de Venezuela.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestras solicitudes en los siguientes términos:
Con relación a la agresión física sufrida por el dip. William Dávila, exigimos el inmediato establecimiento de responsabilidades y las correspondientes sanciones a los culpables, incluyendo a las autoridades y funcionarios que tienen el deber de velar por la seguridad e integridad física de los miembros de la AN.
Con relación al impedimento de ejercer sus funciones parlamentarias y de intervenir en el plenario de la AN a los diputados opositores, exigimos el inmediato cese a tal hostigamiento, así como de la exigencia de que condicionen su ejercicio parlamentario a la aceptación de las posturas políticas del presidente de la AN. Esto constituye un apartheid politico inadmisible.
Con relación a la medida de retaliación vía remoción de los parlamentarios opositores de las presidencias de comisión que ejercen en la AN, exigimos su inmediata reincorporación a las mismas.
Ello así, porque el motivo que llevó al Presidente de la Asamblea Nacional, según su propio decir, a ejercer la competencia que le atribuye el numeral 11, del artículo 27, del Reglamento Interior y de Debates, y “destituir” a algunos Presidentes de Comisiones Permanentes de la Asamblea (en realidad, sólo los puede sustituir por acto motivado), que son diputados de partidos de oposición al Gobierno, y que apoyan el reclamo de revisión de los resultados de la elección del 14 de abril de 2103 (castigar el apoyo a ese reclamo y por no reconocer de inmediato al candidato proclamado ganador como Presidente de la República), evidencia un supuesto de desviación de poder (uso de la competencia con un fin distinto para el cual ella se atribuyó) que es contrario a la Constitución, al Reglamento y al pluralismo político que debe garantizarse en un Parlamento democrático.
Monitor Legislativo es un grupo de organizaciones de la sociedad civil, profesores universitarios y comunicadores sociales que en reconocimiento de la importancia del Poder Legislativo, nos hemos dado a la tarea de organizarnos en miras a dar seguimiento a la actividad y funcionamiento de la Asamblea Nacional. Nuestra misión es monitorear e informar a los ciudadanos el desempeño de los representantes electos a la Asamblea Nacional, en el marco de la participación ciudadana y la transparencia, con apego al texto constitucional.
Con información de Globovisión
