La jurista Olga Álvarez declaró a través del programa En La Pauta, que «por el desacato a la Constitucionalidad que corresponde que el Jefe de Estado no admita enviar el presupuesto 2017 para su aprobación a la Asamblea Nacional, sino que lo asigna al TSJ para su revisión».
La abogada explicó que además de no tener “ningún valor legal” para sancionar leyes o el presupuesto 2017, tampoco tiene orden jurídico activar un comité de postulaciones para elegir nuevos magistrados del Poder Judicial. “Para activar un proceso de renovación de magistrados debe haber una suspensión o investigación contra alguno de los vigentes que permita dejar una vacante, sólo así se puede comprender un comité de postulaciones legítimo”, señaló.
Sobre el Presupuesto anual de la Nación 2017 y su aprobación por la Asamblea Nacional (AN) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Álvarez aseguró que “todas las decisiones que se tomen en el seno de la Asamblea son nulas” ya que a su juicio, no pueden ser consideradas como expresiones legales “por haberse declarado en desacato”.
Con información de Últimas Noticias
