El abogado general de la Unión Europea, Athanasios Rantos, dictaminó que la UEFA tiene la potestad de vetar la creación de la denominada Superliga.
En ese sentido indicó que, si bien la Superliga tiene libertad para llevar a cabo una competición privada, los clubes participantes no podrían seguir en las organizadas por la FIFA y la UEFA, sin una autorización previa de estas.
Asimismo, determinó que FIFA y UEFA no incurrieron en abuso de poder por su posición dominante en las competiciones del futbol europeo, al bloquear y amenazar con sanciones a los organizadores de un campeonato alternativo, en este caso la Superliga.
«Las normas de la Unión en materia de competencia no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes que participen en un proyecto que pudiera vulnerar los objetivos legítimos perseguidos por esas federaciones», afirmó el abogado.
El informe da a entender que el modelo de fútbol en Europa está sostenido por un sistema piramidal que siempre se tiene que apoyar «en un régimen de solidaridad financiera para redistribuir y reinvertir en los niveles inferiores del deporte los ingresos generados por los acontecimientos y las actividades de la élite».
Aunque la determinación de este dictamen no resulta vinculante para el fallo final del tribunal, que se espera para la primavera de 2023, sí marca un camino que se considera bastante claro en favor de las tesis del organismo dirigido por Aleksander Ceferin, y que tiene el apoyo implícito del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Unión Europea: UEFA tiene potestad para vetar la Superliga
Ahora, la Gran Cámara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una comisión formada por 15 jueces, tendrá la última palabra sobre esta situación.
Pese a que cada uno de los ponentes tiene la opción de proponer variaciones en el dictamen, la posibilidad de que la Superliga gane la batalla se estima poco probable, atendiendo a que en dos de cada tres casos ocurridos en el pasado la Gran Cámara mantiene el criterio formulado por el abogado general asignado a cada caso.
Una vez que la Gran Cámara decida, deberá remitir su fallo al juzgado 17 de Madrid, que entonces elevará el caso hasta Luxemburgo, lugar donde se tomará una decisión final.
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