Hace exactamente un año fue electa la Asamblea Nacional (AN), sin embargo, celebra este año de gestión con un saldo negativo de 33 actos legislativos que repetir, pues los mismos fueron aprobados por la Cámara desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró en desacato al Parlamento y nulas todas las leyes y actos ejecutados emanados de su seno.
Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo, y hasta desde la mesa de diálogo, presionaron para que el Parlamento acatara la decisión 260 de la Sala Electoral sobre desincorporar a los ciudadanos electos por Amazonas en las elecciones parlamentarias, incorporados el pasado 28 de julio.
La desincorporación fue solicitada hace pocos días, y el pasado 24 de noviembre, la junta directiva del Parlamento aseguró que la notificación fue presuntamente realizada al TSJ; no obstante, el máximo tribunal aún no se pronuncia.
Cabe destacar, que estos 33 actos se desglosan en 26 acuerdos, uno de ellos por unanimidad y 7 leyes sancionadas, sin contar la instalación de comisiones como la que tiene planteado designar a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la entrega de informes como el de la supuesta corrupción en Pdvsa que derivó en la declaración de responsabilidad política contra el expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, y actos dentro de las comisiones permanentes como las designadas para estudiar la crisis agroalimentaria, la explotación del Arco Minero o para la evaluación de obras inconclusas, entre otras.
Estos primeros 365 días se traducen en 88 sesiones de la Cámara y nueve suspensiones por falta de quórum.
En materia legislativa, el Parlamento tiene más de 100 acuerdos aprobados, 18 de los cuales han logrado unanimidad saliendo del salón de sesiones con el voto de todos los diputados de la Cámara.
El más reciente se dio de forma inédita el pasado martes, cuando el Bloque de la Patria, que se había abstenido de votar a favor desde el mes de julio alegando el desacato declarado por el TSJ, aprobó el contenido de una declaración conjunta que condena la actuación de los miembros de la Fuerza Armada incursos en “La Masacre de Barlovento”.
En cuanto a las leyes, 15 ha sancionado la actual AN: 8 de ellas devueltas por la Sala Constitucional del TSJ que las tildó de inconstitucionales como la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), la de Amnistía y Reconciliación Nacional, la del bono de alimentación para pensionados y jubilados, la reforma a la Ley del TSJ, la ley de títulos a beneficiarios de la Misión Vivienda y la reforma a la ley que le reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro.
Lo más evidente durante este primer año del Parlamento bajo el mandato opositor fue el conflicto de poderes entre las instituciones del Estado. El Poder Judicial jugó un papel fundamental, con respaldo del Poder Ciudadano y el Poder Electoral, al promover la anulación de la mayoría de los actos del Poder Legislativo declarando la inconstitucionalidad de leyes y acuerdos promovidos por la Cámara.
Una de las sentencias más importantes es la N° 808 de la Sala Constitucional que, además de declarar inconstitucional la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, deja sin efecto todas las leyes sancionadas desde el 28 de julio de 2016, día en el que fueron incorporados los diputados Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana a la Cámara.
Con información de Últimas Noticias
