Los entes policiales colombianos realizó este lunes un operativo para impedir el cruce irregular de emigrantes por los pasos ilegales conocidos como trochas; que conectan a la ciudad de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.
Más de 500 policías hicieron presencia en dos de los principales pasos ilegales que atraviesan el río Táchira, frontera natural entre ambos países, para prohibir el ingreso de personas de manera ilegitima al país.
«Quien pasa la trocha sin cumplir los requisitos migratorios será llevado ante Migración Colombia para ser devuelto (a Venezuela)», dijo a periodistas el comandante de la Policía de Colombia, coronel José Luis Palomino, luego de que se desmantelaran los puentes improvisados con tablas que utilizan los migrantes para cruzar el río.
Como Palomino, el objetivo de la operación de que colombia comienza operativo es impedir el paso de migrantes por estos cruces ilegales; y promover el uso de los puentes internacionales reabiertos para el cruce peatonal el sábado anterior, luego de casi cuatro meses de estar cerrados.
Decenas de personas cruzan a diario el río Táchira en las afueras de Cúcuta, en la frontera colombiano-venezolana.
Con la reapertura de la frontera peatonal de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander; que unen a Cúcuta con las ciudades venezolanas de San Antonio y Ureña, correspondientemente, se espera que disminuya el número de personas que ingresan de manera irregular a Colombia.
Las trochas se habían convertido en la única opción para miles de personas que llegaban a Cúcuta para abastecerse de productos que escasean en Venezuela; luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia el pasado 22 de febrero.
Luego a la reapertura de los puentes autorizada por Maduro el fin de semana pasado; cientos de personas siguen usando los pasos ilegales para evitar las enormes filas y los controles de migración.
Sin embargo, en Colombia no está permitida la circulación de vehículos por estos puentes internacionales; que siguen bloqueados con los contenedores que el Gobierno venezolano instaló en febrero para impedir la entrada de ayuda humanitaria desde la frontera.
