La salud sexual y reproductiva de las venezolanas está en riesgo, debido a que el precio de las consultas ginecológicas en el país tienen un costo que van desde 25 hasta 80 dólares, cuando el salario mínimo no llega ni a un dólar.
El debate se generó luego de un tuit publicado por la comediante Neisser, donde indicó que una visita al ginecólogo le saldría en 80 dólares.
Un estudio realizado por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), efectuado en julio de 2019 a una población de 100 mujeres de distintas edades en la parroquia Fila de Mariches del estado Miranda; reveló en su momento que el 57,7% de las mujeres no tiene acceso a los servicios de salud de ningún tipo porque no pueden pagar consultas, medicinas ni exámenes.
Además, 7 de cada 10 mujeres creen que abortarían en caso de quedar embarazadas porque apenas pueden sobrevivir a la crisis económica.
Precio de las consultas ginecológicas
En un segundo estudio, Avesa determinó que se generó una reducción de 17,85% en los servicios públicos de planificación familiar; así como un 17,24% en servicios de control prenatal en noviembre de 2020, según un monitoreo realizado en 68 centros de atención primaria de salud (llamados consultorios populares) en Caracas y Miranda.
«Existe una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno de esos derechos constituye la garantía de tener acceso al servicio, y esta vulneración se traduce en problemas de salud que, si no se atienden a tiempo, pueden provocar lesiones más graves”, advierte la psicóloga, especialista en estudios de la mujer y coordinadora de Avesa, Magdymar León.
Un diagnóstico a tiempo del virus del papiloma humano (VPH), por ejemplo, puede salvar a una mujer de padecer cáncer de cuello uterino, señaló la especialista.
Por su parte, la especialista en salud sexual y reproductiva de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), Mariana Maza, concluyó que las dificultades que tienen las mujeres para acceder a servicios de salud se traduce en un repunte de infecciones de transmisión sexual.
«El incremento de mujeres que llegan (a Plafam) para efectuarse una citología porque están teniendo síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual nos alarma. El otro problema se encuentra en que la mujer que logra pagar una consulta no puede después pagar el tratamiento que necesita, sin mencionar a las embarazadas que no tienen cómo mantenerse», expone.
Maza no duda en afirmar que en Venezuela no solo se vulneran los derechos sexuales y reproductivos, sino el derecho humano a la salud. La situación se agravó con la pandemia de COVID-19 que provocó que en hospitales y ambulatorios priorizaran a los enfermos de la pandemia en detrimento de otros servicios.
¿Qué hacer?
La psicóloga y coordinadora de Avesa, Magdymar León, recomienda a las mujeres monitorear la dotación de anticonceptivos en los consultorios populares de sus municipios. Algunos de estos ambulatorios reciben insumos como parte del plan de respuesta humanitaria.
También sugiere optar por métodos anticonceptivos de larga duración como los implantes subdérmicos o los dispositivos intrauterinos. «Esto nos quita un poco la presión de las píldoras o los inyectables, pero el uso de cualquier anticonceptivo debe estar acompañado de una evaluación médica», destacó.
Plafam es otra opción accesible. En su página web ofrecen información sobre los servicios que tienen disponibles en sus cuatro sedes ubicadas en Altagracia (Caracas), Petare (Miranda), Valles del Tuy (Miranda) y Guarenas (Miranda) y las tarifas actualizadas. También ofrecen un servicio telefónico de consultas ginecológicas.
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