“En justa aplicación del derecho, la Junta Directiva destituida del Colegio de Abogados del estado Carabobo debe ser restituida a sus cargos”. Así lo afirma el jurista y académico Argenis Flores, quien consignó esta semana ante el máximo tribunal del país los alegatos finales de la defensa, y pudo constatar que en el expediente no se ha aportado un solo elemento de prueba por parte de los abogados recurrentes que pudiesen desvirtuar los argumentos presentados por su equipo y los de la Comisión Electoral.
Flores, quien es profesor de pre y post grado en Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Constitucional de distintas universidades del país, encabeza el equipo de juristas que asumió la defensa de la legítima junta directiva del gremio, acompañado por Victoria Rosales, Judith Méndez, Lucy Daza, Mireya Gadea y Eglée Vásquez, quienes continúan trabajando en procura de la justicia.
Como buen académico explicó el proceso que se ha llevado a cabo en este caso. Indicó que los recurrentes “con mucho maniqueísmo”, presentaron ante la Sala Electoral tres amparos constitucionales, y uno en Valencia, entremezclando supuestas lesiones constitucionales, con el nombramiento de una nueva comisión electoral y nuevas elecciones.
Subrayó que estas acciones son inadmisibles e inaceptables en derecho, por lo que la junta directiva legítima debe ser restituida en sus cargos en respeto al principio universal de la conservación de los actos electorales, y sobre todo, se debe dejar a salvo de la contaminación política totalitaria de personas y funcionarios.
Señaló que en rigor de la verdad y transparencia, se ha demostrado hasta la saciedad, que el proceso electoral del Colegio de Abogados carabobeño celebrado el 3 de febrero de 2023, tuvo el seguimiento, supervisión y control en todas sus fases del Consejo Nacional Electoral, tal como lo ordenó la propia Sala Electoral del TSJ, por lo que fue transparente y legal.
En su opinión, de no haber justicia, se puede afirmar que están en un escenario de persecución política, que como bien se sabe, es sancionado por el Estatuto de Roma, – que es ley en Venezuela-, el cual abraza a personajes principales, secundarios y actores en tribunales.
Para concluir, Flores quien tiene más de 25 años de ejercicio litigante en el país, y otros tantos como académico, hizo una fuerte crítica a algunos de sus colegas que desprestigian a su gremio, a quienes calificó de “abogados martingala”, especialmente aquellos que aseguró, “fabrican procesos fraudulentos, que lamentablemente encuentran compañía y aplausos en otros colegas que parecen actuar de consortes o cómplices necesarios”.
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