El Ministerio Público acusó a 12 exfuncionarios del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de 12 personas, hecho ocurrido entre el 16 y 19 de octubre de 2016 en Barlovento, municipio Acevedo del estado Miranda.
Los fiscales 34°, 62° y 66° nacionales y auxiliares, así como 10° de esa entidad federal, Ramón Diamont, Eddmysalha Guillén, Andrimar Ramírez, Yanira Rivas y Clarissa Espinoza, respectivamente, acusaron al teniente coronel José Rojas Córdova, al mayor Luis Eduardo Romero Arcia y al capitán Daniel Contreras Primera por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de los 12 fallecidos, reseñó un boletín de prensa.
Adicionalmente, fueron acusados por privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos en relación con otras nueve personas, entre estas un adolescente de 17 años.
Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.
También fueron acusados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.
El Tribunal 1° de Control de Miranda extensión Barlovento fue la instancia en la que se interpuso el escrito, mediante el cual los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los efectivos, quienes permanecen detenidos en el Internado Judicial de Carabobo.
El hecho
Vale señalar que dos de las víctimas fueron localizadas el 25 de noviembre de 2016 en el sector El Café del citado municipio; mientras que las 10 restantes fueron encontradas el 26 en el sector Aragüita, vía a Guatopo.
Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ocurrida entre el 16 y 19 de octubre del pasado año.
Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; y posteriormente fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café.
De inmediato el Ministerio Público comisionó a las mencionadas fiscalías para investigar el hecho, las cuales, actuando conjuntamente con funcionarios de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales de Caracas, practicaron una serie de diligencias que permitieron establecer que efectivamente los 12 fallecidos fueron detenidos por los efectivos, sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión.
Durante varios días continuaron las pesquisas que permitieron identificar a los presuntos autores y los sitios en los que pudieron perpetrarse los hechos. Estos fueron abordados por expertos del Ministerio Público y de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, organismo comisionado para coadyuvar con la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del suceso.
Los militares fueron detenidos en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la mencionada instancia judicial, y fueron materializadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
El 27 de noviembre de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la expulsión de los funcionarios que cometieron este hecho. A través de un comunicado, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó “su más profunda consternación por los eventos ocurridos en un sector montañoso de Barlovento”, donde efectivos militares “incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, declaró que los 12 personas encontradas en fosas comunes el pasado 25 de noviembre no tenían antecedentes penales.
“La defensoría del pueblo a través de la delegación de Miranda y su titular y el equipo que la acompaña, nuestra delegada estuvo directamente en conjunto con nosotros coordinando las actividades que inicialmente fueron determinando la posible vinculación de miembros del ejército de Venezuela en la detención ilegal y posterior desaparición de 12 ciudadanos venezolanos, en tal sentido, como institución nacional de Derechos Humanos debo aclarar que los ciudadanos, inicialmente detenidos y desaparecidos no tienen ni tuvieron antecedentes penales”, dijo a los medios William Saab.
Con información de Panorama
