(Valencia, 18 de noviembre. Prensa MP) El Ministerio Público acusó a tres empleados del Banco Bicentenario, un funcionario público y un civil, por su presunta responsabilidad en la desviación y apropiación de fondos destinados a dos consejos comunales en Tucupita, estado Delta Amacuro, a principios del año 2013.
Los fiscales 10º nacional y auxiliar, junto a la 1º auxiliar de esa jurisdicción, Richard Monasterio, Ramón Torres y María Arellano, respectivamente, acusaron a la subgerente del banco, Verenis Arteaga (33); a la supervisora de la institución, Olsery González (36); y al cajero de dicha entidad, Isael Piña; por ser presuntos cómplices necesarios en el delito de peculado doloso impropio y asociación para delinquir.
También fueron acusados el analista del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), Wilmer Tovar (49) y Oswaldo Cheremos (30) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro, los fiscales del caso solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de estas cinco personas y que se mantenga la privativa de libertad contra ellas.
Igualmente, que se mantenga el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes de los cinco privados de libertad.
Los tres hombres se encuentran recluidos en el Retén Judicial Guasina, mientras que las dos mujeres (Arteaga y González) permanecen en la sede de la policía regional, ambos ubicados en Delta Amacuro.
De acuerdo con la investigación, tanto el consejo comunal Waranoco I como el Isla Misteriosa, ambos del municipio Pedernales de dicho estado, recibieron recursos financieros del FCI, organismo adscrito al Consejo Federal de Gobierno, para la adquisición de peñeros, motores fuera de borda e implementos relacionados con la actividad pesquera.
Ambos consejos comunales habrían sido persuadidos por el empleado del FCI, Wilmer Tovar, para que le transfirieran los recursos financieros que sumaban 682 mil 755 bolívares.
Dicho monto fue entregado en dos cheques de gerencia a nombre de la Distribuidora Quintana 55, una empresa ficticia que supuestamente se encargaría de suministrar el material pesquero que los consejos comunales requerían.
Posteriormente, Arteaga, González y Piña, adscritos a la nómina de la agencia del Banco Bicentenario ubicada San José de Barlovento, estado Miranda, habrían facilitado la apertura de una cuenta a nombre de la empresa Distribuidora Quintana 55, aceptando un acta de asamblea falsa para poder depositar ambos cheques.
El 26 de julio, tras percatarse del incumplimiento de la compra del material, varios de los integrantes de los consejos comunales afectados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.
Luego de varios operativo coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se logró la aprehensión de las cinco personas.
