Este jueves, la cámara de diputados de México aprobó por unanimidad la Ley General de Desaparición Forzada con 361 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, tras años de discusión legislativa.
Tres años demoró en el poder legislativo mexicano la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Una moción impulsada por organizaciones sociales en un país con una de los mayores índices de este delito reseñó el portal internacional de noticias Telesur.
La ley contempla la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas, además de una comisión nacional de búsqueda, un consejo ciudadano y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.
Las penas
De 40 a 60 años de prisión para el delito de desaparición forzada de personas por parte de un funcionario público como de un particular en complicidad con un funcionario, que cometa secuestro y/o ocultamiento de información sobre dicha privación de libertad y sus consecuencias. Misma pena que rige para cómplices o quienes se nieguen a dar información sin ser autores del caso.
Penas de 20 a 30 años de prisión a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.
Una pena de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de la circunstancia.
Entre 15 a 20 años de prisión a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.
Con información de VTV
