Daños patrimoniales a la nación, a través de contrataciones con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como fraude importador y el hallazgo de una red de extorsión y chantaje que funcionaba en el Ministerio Público (MP), son algunos de los casos que han sido investigados en los dos últimos meses, tras la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 5 de agosto.
El fiscal, que asumió la tarea de reestructurar el organismo que anteriormente dirigía Luis Ortega Díaz, prófuga de la justicia venezolana, denunció el 16 de agosto la existencia de una presunta red de extorsión y chantaje que funcionaba en la gestión anterior del MP, descubierta durante el proceso de transformación del organismo del Poder Ciudadano.
De acuerdo con las indagaciones, presuntamente fiscales y directores del MP cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Hasta ahora han sido detenidos cuatro funcionarios.
Por esta red fue imputado y solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y esposo de la exfiscal, Germán Ferrer, quien actuó en complicidad con Pedro Lupera, fiscal 55 nacional activo; y Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional.
El abogado José Parra Saluzzo también ha sido imputado por delitos de extorsión y abuso de poder. Se presume que su bufete cobraba las extorsiones y estaría implicado en casos de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Desde este martes, permanece privado de libertad y se espera que revele más detalles de la red de extorsión tras acogerse a la figura de la delación.
Ataque a la industria petrolera
En el caso de la faja, se detectaron primero irregularidades en 12 contratos adjudicados a 10 empresas, se ocasionaron daños al patrimonio del Estado por 200 millones de dólares al comprobarse sobreprecios de hasta 230% entre el periodo 2010-2017.
De acuerdo con las investigaciones, el empresario Roberto Rincón es uno de los implicados en este desfalco, así otros ocho empresarios que incurrieron en contratación con sobreprecio, por lo que se solicitó la activación de alerta roja para su captura. También, están implicadas compañías como la Constructora Urbano Fermín (Cuferca), Constructora Hermanos Furnaletto (Confurca), Concremix Oriente, entre otras.
En los allanamientos a estas compañías fueron confiscadas varias casas y mansiones, así como una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias.
Las irregularidades también se extendieron a empresas mixtas como Petrozamora, en el estado Zulia, donde se detectaron incumplimiento de acuerdos, acciones de sabotaje, irregularidades en la seguridad interna, aumento desmedido de robos que afectaron la producción y retrasos premeditados en labores de mantenimiento. Por estas irregularidades fueron detenidos ocho gerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) División Occidente.
Las investigaciones de sabotaje en Petrozamora condujeron a la reapertura de investigaciones en otras compañías, como Petropiar, donde se encontró que el empresario y actor Manuel Sosa -presidente de Suministros Gramal C.A– obtuvo 10 contratos irregulares con sobreprecios de 200%, que suman 27 millones de dólares.
También, fue desmantelada una banda que desvalijaba vehículos de Pdvsa en el estado Monagas. Por este caso fueron detenidos e imputadas cinco funcionarios.
Igualmente, el MP descubrió irregularidades en la adquisición con sobreprecio de dos monoboyas en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo del complejo José Antonio Anzoátegui, ocasionando pérdidas de 400 millones de dólares. Por ese delito está privado de libertad un exdirector ejecutivo de la faja.
Detección de fraude importador
Un total de 18 compañías que recibieron divisas del Estado a través de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) fueron allanadas por incurrir presuntamente en fraude importador para la obtención de divisas. De estas, 13 no poseían domicilio fiscal, es decir, eran empresas fantasmas.
Todas estas compañías, apuntó el fiscal, recibieron 85 millones de dólares, constituyéndose en un daño patrimonial al Estado. El Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra todos los representantes legales de las empresas vinculadas.
Entre los ilícitos figura la sobrefacturación de productos de importación hasta 130.000%, fraude importador, subfacturación y fraude en precios de transferencia. El fiscal general ha indicado que tramitará la repatriación del dinero estafado al país y que se investigará la complicidad de funcionarios de Cadivi y de Cencoex en el otorgamiento irregular de divisas.
Retoman investigaciones sobre Odebrecht
El MP decidió reabrir las investigaciones sobre supuestas irregularidades en contrataciones estatales con la constructora brasileña Odebrecht, que habían sido engavetadas por la anterior directiva del organismo del Poder Ciudadano.
El caso fue reabierto porque «se encontraron inconsistencias en los expedientes, no hay nada que los soporte. El expediente debe ser el impulso de la acción penal«, dijo Saab ante la ANC el pasado 14 de septiembre, cuando presentó un balance del primer mes de gestión frente al MP.
Con información de AVN
