Justicia de Cataluña ordena cierre de centros de votación antes de referendo

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Foto: El Universal
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó este miércoles el control de las actuaciones para evitar el referendo del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.

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A cuatro días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar el referendo, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos, señaló Efe.

La juez solicitó también a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» sobre el referendo, considerado ilegal por España, ya que será ella (la juez) quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.

No obstante, la magistrada avaló en su auto judicial la decisión de la Fiscalía de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio español de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.

En una de sus últimas instrucciones, la Fiscalía ordenó a las policías locales garantizar que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referendo.

La Fiscalía dispuso también que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d’Esquadra, después de que la Policía catalana expresara sus reticencias a la orden de precintar los locales del referéndum antes del próximo sábado.

El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió este miércoles a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia», ante el riesgo de alteraciones en el orden público.

Con información de El Universal

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