En un procedimiento coordinado de rastreo financiero, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la empresa ChangeNOW lograron restituir 791.252 dólares en activos digitales sustraídos a una víctima en territorio venezolano. La totalidad de los fondos fue transferida a billeteras bajo resguardo del organismo policial, de acuerdo con un informe de prevención de blanqueo de capitales de la firma internacional.
El monto recuperado comprende 772.440 unidades de USDT y 182 tokens solana (SOL). Las pesquisas tomaron rumbo efectivo una vez que el servicio de intercambio incluyó las direcciones de origen en su lista de bloqueo tras la recepción de una alerta temprana.
El reporte destaca que la plataforma interceptó y bloqueó cinco intentos consecutivos de conversión iniciados desde los monederos bajo sospecha. La congelación de estas operaciones frenó en seco la dispersión de los fondos dentro de las redes de intercambio.
Tras paralizar las transacciones, la policía científica estableció contacto con la firma para requerir expedientes técnicos y auditar la ruta del dinero. Comprobado el origen delictivo, los investigadores tramitaron formalmente el decomiso, requerimiento que ChangeNOW convalidó junto a las cuentas de destino antes de hacer efectiva la devolución.
Durante las labores de seguimiento, los registros suministrados por la plataforma venezolana CRIXTO —especializada en pagos comerciales en USDT con conversión a bolívares— resultaron determinantes para cercar las operaciones ilícitas. Sus datos de procesamiento permitieron ubicar cuentas y transferencias decisivas para el expediente.
A la investigación se sumó la firma austriaca AQ Forensics, dedicada a reconstruir el flujo de fondos entre distintas plataformas. Sus analistas identificaron un monedero no vinculado mediante el examen metódico de la actividad periférica de una billetera aparentemente inactiva.
«Cuando la ruta obvia de rastreo termina, no asumimos automáticamente que el rastro se acabó. En este caso, observamos los servicios que los mismos actores habían usado poco antes y nos preguntamos si el monedero podía vincularse a actividad de su lado. A veces la pista decisiva viene de la actividad alrededor del monedero, no del monedero mismo», explicó el equipo de AQ Forensics en el reporte.
Los hallazgos expandieron las actuaciones al plano internacional. «Gracias a la información proporcionada —específicamente los datos de Conozca a su Cliente (KYC) de las personas que reclamaron los fondos robados— pudimos coordinar diligencias adicionales a través de Interpol que nos permitirán avanzar el caso. Además, pudimos rastrear los fondos con alta precisión», afirmó un investigador citado en el reporte.
El funcionario describió la investigación criminalística como el armado minucioso de un entramado que integró correos electrónicos, registros de sesión, direcciones IP, historial de conexiones y dispositivos empleados. En las evidencias incautadas se detectó el uso de dominios falsificados, cuentas de correo temporales y datos de abonados alterados.
Frente a la incursión de estos delitos informáticos, el informe ratifica la importancia de la denuncia inmediata. «El mayor error es dejar pasar un tiempo significativo después del incidente. Cuanto más rápido se presenten los reportes de monederos, mayor es la probabilidad de recuperar y devolver los fondos a la víctima», precisa el reporte sobre el caso, el cual continúa abierto.
El robo y posterior restitución ocurren en medio de un volumen masivo de operaciones con criptoactivos en el país. En el período de julio de 2025 a junio de 2026, la actividad cripto en Venezuela alcanzó los 39.100 millones de dólares, impulsada por el uso de tokens estables para transacciones y resguardo de capital. Estos datos ubican a la nación como el cuarto mercado de mayor volumen en Latinoamérica, superado solo por Brasil, Argentina y México.
