Hasta 75 años de prisión es la pena que podrían enfrentar quienes manifestaron en las calles de Estados Unidos el pasado 20 de enero durante la toma de posesión del presidente Donald Trump.
En Washington DC, la fiscalía presentó recientemente una serie de cargos adicionales con una interpretación amplia de la Ley Federal Antidistubios, que podría ocasionar que aquellas personas que participen en alguna reunión política se conviertan en culpables de cualquier daño a la propiedad pública o privada que tenga lugar durante el tiempo que dure la protesta.
Las más de 200 personas que fueron arrestadas por manifestar durante la ascesión de Trump al poder, que ya tenían cargos por delitos graves de disturbios, serán también acusados por la destrucción a la propiedad, así como incitación y conspiración para disturbios.
El grupo de apoyo legal Defend J20 Resistance, citado por el portal internacional Telesur, afirma que esta táctica de acusar a los manifestantes de cargos alarmantes se ha profundizado tras la llegada al poder de Trump, aunque la maniobra ya ha sido utilizada en otras ocasiones como método para enviar un mensaje a los movimientos de resistencia.
Mientras extrema sus políticas ante sectores disidentes, el gobierno estadounidense ha emitido declaraciones injerencistas sobre la actuación del Ejecutivo venezolano frente a las acciones de calle de sectores de oposición, que en 40 días han dejado el saldo de 38 personas muertas y 787 heridas.
El pasado jueves 11 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado denunció que la nación norteamericana suma 105 acciones y declaraciones hostiles contra Venezuela en los primeros cinco meses del 2017 para quebrantar la paz, fundamentados «en falsos supuestos que procuran torcer la realidad de Venezuela atendiendo a los intereses hegemónicos de EEUU».
Con información de AVN
