La Contraloría General de la República de Chile investiga el uso de fondos públicos para financiamiento ilegal de la opositora Guarequena Gutiérrez.
La contraloría indaga por qué Carabineros otorgó protección policial por más de un año a la venezolana; quien ejerció como representante en Chile de Juan Guaidó, líder opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela.
Pese al cargo que fungió entre el 29 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020; la abogada nunca logró tener estatus oficial como diplomática y, como ella mismo explicó; que trabajaba sin contrato, sueldo, oficina ni equipo; y debió renunciar al cargo por razones laborales y migratorias que en esas condiciones no podía tramitar su visa.
Contraloría de Chile investiga Guarequena Gutiérrez
Guarequena Gutiérrez nunca resultó acreditada como embajadora, contó con protección de la policía desde el 12 de febrero de 2019; cuando le fue asignada una escolta tras haber sufrido amenazas y «luego de haberse establecido el perfil de riesgo por parte de los organismos de Carabineros encargados», confirmó la Secretaría General de la institución en un oficio a la Contraloría.
El equipo de seguridad, que cesó el 5 de junio de este año a petición de la propia ex representante venezolana; consistía en la protección por parte de un funcionario policial y la asignación de un vehículo fiscal.
«La procedencia del servicio otorgado por parte del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de la mencionada entidad es materia de análisis de una auditoría que este organismo de control se encuentra desarrollando en esa dependencia», explicó Marcel Córdova, jefe del Departamento de FF.AA. y Seguridad de la Contraloría.
Aquello en una respuesta en el marco de una denuncia que presentaron Fabián Caballero; presidente de la Federación de Trabajadores Municipales, y el abogado Roberto Ávila; por la presunta contratación a honorarios de Gutiérrez por parte de la Cancillería chilena.
Asimismo, investigan irregularidades administrativas en el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI); por la improcedencia de haber otorgado escolta policial y vehículo fiscal a quien nunca pudo acreditar estatus diplomático en nuestro país para acceder a esos privilegios.
En este sentido, señaló Fabián Caballero, que «el gobierno de Sebastián Piñera con la colaboración de algunos sectores de la oposición, no sólo han incurrido en la vulneración de Convenios y Tratados Internacionales por la intromisión en asuntos internos de otros países, en este caso Venezuela, interviniendo en su soberanía, independencia y autodeterminación para desestabilizar el gobierno y la institucionalidad venezolana, sino que también, transgredieron normas chilenas sobre el uso de recursos públicos autodesignándose facultades administrativas que la ley no les otorga, para reconocer investiduras extranjeras inexistentes y otorgar calidad de funcionarios diplomáticos a quienes no cumplen con los requisitos».
También, expresó el dirigente de la multisindical, que solicitarán un sumario administrativo por las responsabilidades que caben en los hechos a la Unidad de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros y la Subdirección de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolos, derivando además los antecedentes a las respectivas comisiones de ambas Cámaras para su pronunciamiento.
