Este jueves la defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, denunció a a tres jueces y el fiscal general del país africano por «violar» sus derechos en múltiples ocasiones.
Estas denuncias se añaden a las ya presentadas la semana pasada también contra José Landim, el fiscal general caboverdiano, y contra tres inspectores de la policía judicial que intervinieron en su detención.
Saab denunció ante el Consejo Superior de la Magistratura de Cabo Verde a tres magistrados del Tribunal de Apelación de Barlavento por cometer «numerosos errores procesales»; que llevaron a la aprobación de la petición de extradición de Estados Unidos contra el empresario, según la defensa.
Los letrados aseguran, por ejemplo, que «los jueces extendieron el tiempo para la detención provisional en la cárcel durante alrededor de cien días».
Defensa de Álex Saab denunció a jueces y fiscal general de Cabo Verde
Respecto a Landim, la defensa de Saab alega, entre otras acusaciones, que presentaron ante la fiscalía general «varias denuncias de tortura, perjurio y ocultación de pruebas«, unos delitos que, meses después, aseguran, todavía no se investigan.
Tras la decisión que tomó el año pasado el Tribunal de Apelación de Barlavento, Saab presentó primero un recurso ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde -que acabó, no obstante, ratificando esa sentencia el pasado 17 de marzo- y, después, en julio, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) de la nación isleña.
El pasado 13 de agosto, el TC celebró una vista clave para evaluar tanto este recurso de amparo como una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El tribunal, sin embargo, no reveló en esa misma jornada su decisión y anunciará su veredicto durante los próximos días.
Durante esa vista, la defensa de Saab pidió que se tenga en cuenta el carácter político de las acusaciones que, según el abogado Geraldo Almeida, «quedó claramente demostrado durante todo el proceso», algo que contradice la Constitución caboverdiana, que prohíbe cualquier extradición por motivos políticos.
En cuanto a las denuncias presentadas la semana pasada ante la fiscalía caboverdiana, la defensa atribuye al fiscal y a los inspectores una «ofensa considerada contra la integridad física, tortura y tratos crueles, degradantes o inhumanos, robo de la propiedad personal, abuso de poder, atentado contra autoridades extranjeras, corrupción pasiva y secuestro».
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