El juez Sérgio Moro aceptó este martes una denuncia penal por supuesta corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil, Lula da Silva, condenado el mes pasado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos.
Las reformas provienen, según la denuncia, de contratos de los contratistas de Petrobras y fueron traspasados al exmandatario como ventaja ilícita. Moro destacó que no existe «ningún registro de que el expresidente Lula da Silva haya pagado cualquier valor por esas reformas realizadas en el sitio de Atibaia».
Según la Fiscalía, el sitio, que está a nombre de los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna, pertenecía en realidad a Lula «propietario de hecho» del local y fue comprado en su beneficio.
La defensa de Lula da Silva ha indicado que las acusaciones contra el exmandatario carecen de pruebas reales, pues no se han presentado documentos que certifiquen que las propiedades adjudicadas al líder brasileño pertenezcan a él.
Lula ha denunciado en múltiples ocasiones ser víctima de una persecusión judicial para eliminar la posibilidad de que sea candidato presidencial en las elecciones de 2018, para las cuales dijo que estaba listo desde abril pasado.
Esta es la sexta demanda contra Lula por sospechas de corrupción y la tercera a la que responde el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación Lava Jato. El expresidente fue condenado a prisión por nueve años y seis meses por el caso de corrupción relacionado con el apartamento tríplex de Guarujá.
Según Moro, el exmandatario recibió como soborno un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de San Pablo, por valor de poco más de 700 mil dólares. Sin embargo, no existen pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula.
Con información de Telesur
