Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la compañía aérea venezolana Conviasa.

Pues, las nuevas sanciones apuntan a la aerolínea Conviasa y 40 de sus aviones; indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en un aviso en su sitio web.

Asimismo, con esta decisión del Departamento del Tesoro; Conviasa se une a las empresas venezolanas sancionadas tales como Globovisión Tele C.A., Seguros La Vitalicia, Proalco, entre otras.

Entre los aviones sancionados se encuentra el Aircraft Model A319, YV2984;  correspondiente al avión presidencial, con el cual se transporta Nicolás Maduro.

Sin embargo, la acción de hoy también identifica la flota de aviones Conviasa como propiedad bloqueada del Gobierno de Venezuela y de conformidad con EO 13884.

Igualmente, según el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC); las medidas se aplicarán para aviones civiles y comerciales, modelo Embraer E-Jets, Boeing 737,  Cessna 208 Caravan y Airbus A319. 

Sanciones a Conviasa por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Pues, el pasado mes Estados Unidos incluyó en la lista de los SDN de la OFAC a embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.

Del mismo modo, el secretario del Tesoro, Steven Munchin, explicó al justificar las sanciones; que «el gobierno de Maduro depende de la aerolínea estatal venezolana Conviasa para trasladar a sus funcionarios en todo el mundo».

Además, el departamento señaló que esta acción no impide que los venezolanos puedan viajar; puesto que pueden continuar viajando en otros transportistas que no están sujetos a las sanciones de la OFAC.

Aviones de Pdvsa

Cabe destacar que el pasado 21 de enero, la OFAC identificó 15 aviones propiedad de Pdvsa. Como medios de transporte internacional de los miembros del Gobierno Nacional.

Igualmente, en ese momento se reiteró que todas las propiedades de Pdvsa; incluyendo sus aviones, se consideran activos bloqueados, de conformidad con la orden ejecutiva que sanciona a todos los bienes de la República empleados por el Gobierno.

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