Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fueron condenados a cuatro años y cuatro meses de prisión los funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) Ramón Antonio González, José Manuel Castellanos y Lisette Maryori Céspedes, quienes admitieron su responsabilidad en el otorgamiento irregular de documentos de identificación.
La situación fue detectada el 22 de octubre de 2014 en el municipio San Diego de Valencia, en el estado Carabobo.
En el inicio del juicio, la fiscal 13ª de esa entidad federal, Ysaura Betancourt, ratificó la acusación contra González (jefe de oficina), Castellanos (captador de datos) y Céspedes (asistente) por los delitos de otorgamiento irregular de documentos de identificación, acceso indebido a sistemas protegidos, falsificación de documentos y agavillamiento.
El Tribunal 1º de Juicio de Carabobo dictó la condena contra González, Castellanos y Céspedes. Los dos primeros permanecerán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valencia, mientras que la mujer será enviada a la Policía de Carabobo en Puerto Cabello.
De igual manera, la referida instancia judicial acordó para los hoy condenados la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la pena y el pago de una multa por 305 unidades tributarias.
Vale destacar que por este mismo caso se encuentra en fase de juicio Delsy Marilyn Acosta, captadora de datos en la referida oficina del Saime.
El citado día, una comisión de la Inspectoría General de los Servicios del Saime realizó una auditoría en la oficina Arturo Michelena, ubicada en Valencia, constatando que González, Castellanos, Céspedes y Acosta habían utilizado su usuario y clave del sistema de migración y extranjería para emitir cédulas de identidad extemporáneas.
Los funcionarios también pudieron verificar que dichas cédulas serían entregadas a nueve extranjeros que aún no ingresaban al territorio nacional, y cuyos trámites no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.
Asimismo, se comprobó que las tres personas emitieron 13 pasaportes usurpando la identidad de ciudadanos venezolanos.
Los cuatro trabajadores fueron aprehendidos en flagrancia por funcionarios del Sebin y puestos a la orden del Ministerio Público.
Con información de Ministerio Público
