Más de 230 mil familias campesinas, indígenas y negras dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico.
Asi lo dio a conocer la campaña «Rostros que siembran», presentada este martes por organizaciones de la sociedad civil.
La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM), la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) son los promotores de esta iniciativa.
Con esta iniciativa se busca combatir el estigma que llevan a cuestas estos productores; el eslabón más débil de la cadena productiva del narcotráfico.
Más de 230 mil familias campesinas…
El cultivo de coca, materia prima para la producción de cocaína, es para muchas comunidades campesinas una cuestión económica.
«Tiene que ver con que estos territorios hace años fueron marginados del desarrollo del país y sufren el abandono histórico del Estado; manifestó el delegado nacional de COCCAM, Arnobi Zapata, citado en un comunicado.
La falta de oportunidades y la rentabilidad de la hoja de coca, con la que ganan «unos dos salarios mínimos»; también favorece a los cultivos ilegales frente a otros tradicionales como el café o el cacao, cuya comercialización es más difícil, señala la campaña.
Los campesinos cocaleros enfrentan además el problema de que viven bajo el yugo de los grupos armados ilegales que regulan el mercado de la coca.
El infome dice que en una economía con «mentalidad de guerra» que se adaptó a las condiciones del conflicto armado interno que ellos quieren superar; agrega la información.
Esperan transformar su economía
Con la esperanza de empezar a transformar su economía, 99.000 familias se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Esto se dio producto del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla FARC; mientras que Christian Aid busca ayudarlas con programas de comercialización de cultivos legales.
Esta iniciativa comenzó con el «Proyecto María Caicedo» para el desarrollo de mercados inclusivos; que estudió casos en tres lugares del país: el Valle del Río Cimitarra (centro), el Catatumbo (frontera con Venezuela) y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).
Varios obstáculos
El informe muestra que las mayores trabas para la sustitución voluntaria de la coca está en «la falta de infraestructura; de servicios públicos, como centros educativos y de salud, y los altos costos de producción y de transporte».
También identificó problemas estructurales, como la falta de propiedad de la tierra, que dificulta el acceso a la financiación formal.
«Los comerciantes de víveres en las comunidades campesinas otorgan créditos, no necesariamente en efectivo; solo por el hecho de tener un cultivo de hoja de coca por la confianza en términos de retorno que este genera», indicó el estudio.
Aún así, varios programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ya están operativos.
Entre estos, el caso de Ecobúfalo en el Magdalena Medio, que cuenta con 80 asociados; el de Café Soberano, en el Valle del Cauca, con unos 400 socios.
Trabajan con mujeres y jóvenes
La campaña también quiere visibilizar el trabajo de jóvenes y mujeres, que representan casi la mitad de la mano de obra en los cultivos de coca y en la elaboración de pasta base.
Normalmente «ellas son las que se hacen cargo de las labores en la cocina, así como las que llevan la contabilidad y se responsabilizan del pago a los obreros»; según el estudio.
«El papel de las mujeres y jóvenes en la economía de la pasta de base de coca» señalan.
«Han administrado y garantizado la economía familiar» y en los cultivos se ocupan de «darle la comida trabajadores y de organizar toda la logística para la actividad»; dijo la portavoz de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), Yurani Cuéllar.
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