Este martes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet firmó el proyecto de nueva Constitución que envió al Congreso, a solo cinco días de terminar su mandato el próximo 11 de marzo.
Más allá de las críticas que apuntan a que lo hizo «sólo por cumplir» una promesa de campaña, el texto ya quedó presentado. Por lo mismo es válido preguntarse, ¿cuáles son los puntos claves del proyecto?
El texto tiene al menos cuatro puntos claves: siembra las bases para asegurar derechos sociales como salud y educación, reconoce a los pueblos originarios, define el rol de los órganos del Estado y le entrega más poder a los ciudadanos.
Para María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integrante del Comité de Sistematización del Proceso Constituyente que colaboró con este proyecto, antes que todo hay que entender que lo significativo está en las bases que plantea el texto.
Cuatro ejes
Sobre los ejes, la profesora Escudero los desmenuza punto por punto e inicia con el área del aseguramiento de los derechos sociales, entre los que se encuentran la salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros.
«Por poner un ejemplo: en el texto actual está la libertad de educación y el derecho a la enseñanza en artículos separados. Ha habido una gran tendencia a interpretar la libertad de enseñanza bajo los principios de Estado subsidiario. Si la nueva Constitución hace un articulado para poner estos dos derechos en un mismo ítem, bajo la mirada de solidaridad, la interpretación que se puede hacer es mucho más amplia», explica Escudero. ¿Más claro? La gratuidad podría quedar asegurada.
Respecto a la mención de los pueblos originarios en la Carta Magna, afirma que «no se habla de soberanía, pero sí es un reconocimiento que permita gestar leyes especiales que los trataran en forma diferenciada», sostiene la académica. Con ello podría reforzarse el lenguaje, la cultura, las actividades de estos grupos entre otros.
En términos de definición de roles del estado, Escudero destaca la eliminación de quórum supermayoritarios y la definición que se tendrá del Tribunal Constitucional (TC). «Actualmente este opera como una tercera cámara y eso se está tratando de evitar. Lo que se quiere no es que no opere, sino que opere de otra manera», menciona.
El cuarto eje que aborda es la posibilidad que tendrán los ciudadanos de poner en marcha proyectos de ley siempre y cuando, entre otros requisitos, un 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio así lo proponga. Asegura que esto permite abrir la voz a personas que actualmente no están representadas en el Congreso, reseñó Publimetro.
