Este lunes, la Fundación Paz y Reconciliación; informó que 378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre 2017 y 2019.
De acuerdo con su informe «Sin Dios ni Ley. Análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana»; 4.911 perdieron la vida en los últimos 7 años en esa volátil zona donde se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales.
Asimismo señaló el documento «la actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo».
«Tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país».
Igualmente, el informe donde subraya que hay más de 300 migrantes venezolanos asesinados en frontera con Colombia; 71 niños, niñas y adolescentes; son vinculados a algún grupo armado ilegal.
Pues, 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas.
Cabe recordar que Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre; de 2.219 kilómetros que abarca desde la zona desértica del norte de ambos países hasta las selvas del Orinoco y el Amazonas, en el sur.
Grupos irregulares en la frontera
Pues, desde hace décadas transitan por esa frontera; contrabandistas de gasolina y mercancías, así como traficantes de drogas y armas.
Del mismo modo, el informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional.
«Estructuras como las del ELN y los Grupos Armados PostFarc pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos fronterizos, concentrándose especialmente en los de Norte de Santander, Arauca y Vichada».
Además, en la zona también habitan 13 grupos irregulares como el Ejército Popular de Liberación, considerado por el gobierno como una banda criminal; Los Rastrojos o el Clan del Golfo, también disidentes de las FARC.
En la frontera se mueven también 14 organizaciones criminales de carácter transnacional; como los Pranes y el Cartel de Sinaloa.
Por otra parte, el pasado 22 de enero, Human Rights Watch presentó un informe en el que asegura que las personas viven bajo el feroz control de estas bandas.
Finalmente, el documento acotó también hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales que generan violencia; y desplazamiento de comunidades.
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