domingo, diciembre 15, 2024
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Parlamento Europeo hace llamado al Ejecutivo a retomar el diálogo por la paz en Venezuela

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diálogo por la paz en Venezuela
Foto: Referencial

(Valencia, 18 de diciembre. Noticias24 Carabobo) Tras una reunión sostenida con Lilian Tintori, esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López, el Parlamento Europeo, que agrupa a partidos de la izquierda y derecha democrática de toda Europa, emitió este jueves una resolución en la que instan al Estado venezolano a dialogar por la paz y respetar los derechos humanos en el país.

El documento emanado por el Parlamento Europeo también pide la liberación inmediata de Leopoldo López, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; así como de Enzo Scarano, Salvatore Luchesse y de los jóvenes estudiantes detenidos, entre ellos Rosmit Mantilla, Alexander “El Gato” Tirado y Raúl Baduel hijo.

A continuación el documento completo

PARLAMENTO EUROPEO 2014 – 2019

Sesión plenaria

12.17.2014 B8-0000 / 2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN

Con solicitud de inclusión en el orden del día de un debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho

Conformidad con el artículo 135 del Reglamento de Procedimiento

En la persecución de la oposición democrática en Venezuela

Cristian Dan Preda, Jaromir Stetina, Pascual De Grandes, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Wenta, Francisco Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenkovic, Jaroslaw Walesa, Giovanni La Via, Dubravka Suica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomas Zdechovsky, Sean Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pal Csaky, Pavel Svoboda, Michaela Sojdrova, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini y Gabrielius Landsbergis

en nombre del Grupo PPE

– …., En nombre del Grupo S & D
– …, En nombre del Grupo ECR.
– …., En nombre del Grupo ALDE

B8-0000 / 2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela, incluidas las de 24 de mayo de 2007, sobre el caso del canal Radio Caracas Televisión en Venezuela, el 23 de octubre de 2008 sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, 7 de mayo de 2009 sobre el caso de Manuel Rosales, 11 de Febrero 2010 en Venezuela, 8 de julio de 2010 sobre Venezuela, en particular, el caso de María Lourdes Afiuni 24 de mayo de 2012, sobre la retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 27 de febrero de 2014, la situación política en el país en 2014 ,

– Vistas las declaraciones de prensa del portavoz de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, de 28 de marzo de 2014 y 15 de abril 2014 sobre la situación en Venezuela,

– Vista la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 26 de agosto de 2014,

– Vista la Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 20 de octubre de 2014 la detención de manifestantes y políticos en Venezuela,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

– Visto el artículo 135 de su Reglamento,

A. Considerando que la crisis económica, los altos índices de corrupción, la escasez crónica de bienes básicos, la violencia y las divisiones políticas han provocado protestas pacíficas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde febrero 2014, que todavía están en curso; mientras que los manifestantes se han reunido con el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia en nombre de la policía, miembros de la Guardia Nacional y grupos progubernamentales armados violentos y no controladas; mientras que, según las organizaciones locales e internacionales de más de 1.700 manifestantes aguardan juicio, más de 69 permanecen encarcelados, y al menos 40 personas han muerto en las protestas y sus asesinos siendo inexplicable; mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas confirma que ha recibido informes de más de 150 casos de malos tratos durante la detención, incluida la tortura; mientras que según varias fuentes persecución de la oposición democrática por las fuerzas de seguridad aún continúa;

B. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son las piedras angulares de la democracia y reconocido en la Constitución de Venezuela; Considerando que la igualdad y la justicia para todos son imposibles sin el respeto de las libertades y derechos de todos los ciudadanos fundamentales; mientras que hay muchos informes que confirman que los medios de comunicación está siendo objeto de una creciente censura y la intimidación; mientras que durante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 70a Asamblea General en Santiago de Chile, la organización ha declarado que Venezuela está poniendo los medios independientes bajo mayor presión y ha instado a Venezuela a respetar la libertad de expresión y ha advertido de la pérdida adicional de la libertad democrática;

C. Considerando que el líder opositor Leopoldo López fue detenido arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 y está acusado de conspiración, instigación manifestaciones violentas, incendios y daños a la propiedad; mientras que desde su detención ha sufrido la tortura física y psicológica y sometido a régimen de aislamiento; mientras que los alcaldes de la oposición Daniel Ceballos y Vincenco Scarano, así como oficial de policía Salvatore Lucchese fueron arrestados por no poner fin a las protestas en sus ciudades y rebelión civil, y cada uno ha sido condenado a varios años de prisión; mientras que los congresistas de la oposición Juan Carlos Caldera, Ismael García y Richard Mardo se enfrentan las investigaciones y actuaciones judiciales con el propósito de ser suspendido y descalificado como congresistas

D. Considerando que los líderes estudiantiles como Sairam Rivas, presidente del Centro de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, Christian Gil y Manuel Cotiz de Estudiantes se han celebrado injustamente en los edificios pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia durante más de 120 días y han sido sometidos a torturas y malos tratos en relación con las protestas que tuvieron lugar entre febrero y mayo de 2014, de haber sido acusado de los delitos de instigación de crímenes y la utilización de menores para cometer delitos;

E. Considerando que el 20 de octubre de 2014, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein expresó su preocupación por la detención de los manifestantes y ha pedido la liberación de todos los detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica; mientras que el 8 de octubre de 2014, la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha pedido la detención de Leopoldo López ilegal, arbitraria y motivados por la opinión política y pidió su liberación y todos los que permanecen detenidos arbitrariamente;

F. Considerando que el Gobierno venezolano tiene una especial responsabilidad para cumplir con el estado de derecho y el derecho internacional, teniendo en cuenta que ha sido elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde octubre 16 de 2014;

G. Considerando que las observaciones formuladas en el reciente informe de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura de la República Bolivariana de Venezuela expresó explícitamente su preocupación ante la persistencia de la impunidad, la tortura y los malos tratos a los presos políticos, el uso excesivo de la fuerza, la aquiescencia y complicidad con el acciones de los grupos armados progubernamentales, las detenciones arbitrarias y la ausencia de garantías procesales fundamentales; mientras que este informe pidió la liberación inmediata de todos los detenidos en detención arbitraria, incluyendo Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes fueron detenidos por ejercer su derecho a expresarse y manifestarse pacíficamente, y además expresó su preocupación por los ataques contra periodistas y activistas de derechos humanos , las ejecuciones extrajudiciales y la completa falta de un poder judicial independiente;

H. Considerando que José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la liberación de los encarcelados por su participación en las protestas; Considerando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por la situación con respecto a la libertad de asociación y la libertad de expresión en Venezuela;

I. Considerando que la decisión de Venezuela de renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor el 10 de septiembre de 2013; mientras que los ciudadanos y residentes de Venezuela no pueden traer ninguna queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como resultado de esta acción;

J. Considerando que en marzo de 2014, María Corina Machado, el miembro de la Asamblea Nacional que había obtenido el voto popular más grande de Venezuela, fue ilegal y arbitrariamente destituido de su cargo, privado de su mandato y expulsado del Parlamento por el Presidente de la Nacional Asamblea, Diosdado Cabello, que la acusó de traición por haber hablado en contra de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos;

K. Considerando que, en el curso de su actividad política y parlamentaria, María Corina Machado fue sometido a una serie de procedimientos penales, la persecución política, las amenazas, la intimidación, el acoso y la violencia física, incluso de los partidarios del gobierno dentro de la Cámara de la Asamblea Nacional; mientras que ella fue acusado recientemente de intentar asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro; y para ello los delitos que podría estar hacia arriba hasta 16 años de prisión.

L. Considerando que el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente del Estado; mientras que este sistema judicial no se puede esperar de manera imparcial para investigar y emitir un juicio razonable sobre acusaciones contra la oposición al gobierno;

M. Considerando que sólo el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, el diálogo constructivo y respetuoso, en un espíritu de tolerancia puede ayudar al país a salir de esta grave crisis y superar dificultades en el futuro;

N. Considerando que en abril 2014 se inició una negociación sobre las protestas, entre el gobierno y la oposición, llamada «Mesa de Diálogo», y por desgracia interrumpido un mes más tarde sin ningún éxito;

O. Considerando que Venezuela es el país con las mayores reservas de energía en América Latina; mientras que el pueblo de Venezuela sufren de una grave escasez de productos básicos, los precios de los alimentos se han duplicado y el racionamiento de alimentos ha comenzado; mientras que los precios del petróleo siguen bajando significativamente la profundización de la crisis económica y amenazando a los del país frágil economía dependiente del petróleo;

P. Considerando que la incapacidad del Estado para mantener la ley y el orden ha llevado a Venezuela a convertirse en uno de los países más violentos del mundo; Considerando que la crisis política y económica en curso en Venezuela ha contribuido a una tasa de homicidios y la seguridad ciudadana en alza, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

1. Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en Venezuela y condena el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición, e insta a la liberación inmediata de los presos detenidos arbitrariamente, en línea con las demandas hechas por varios de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales;

2. Condena enérgicamente la persecución política y la represión de la oposición democrática, la violación de la libertad de expresión y manifestación, y la existencia de medios de comunicación y la censura de Internet.

3. Condena enérgicamente el uso de la violencia contra los manifestantes; expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas; pide a las autoridades venezolanas a investigar estos crímenes y llevar a los responsables plenamente responsable sin margen de impunidad;

4. Alienta a todas las partes, proseguir el diálogo pacífico, llegar a todos los segmentos de la sociedad venezolana con el fin de definir los puntos de convergencia y para permitir que los actores políticos para discutir los problemas más graves que enfrenta el país; pide a todas las partes interesadas para evitar una mayor escalada de la violencia y recuerda al Gobierno de Venezuela que un diálogo constructivo es imposible mientras los líderes de la oposición se sigue manteniendo de manera arbitraria en la cárcel;

5. Pide a las autoridades venezolanas para desarmar y disolver las asociaciones progubernamentales armados incontrolados y grupos, poniendo fin a la impunidad de inmediato;

6. Recuerda que el gobierno de su responsabilidad de garantizar que todos los juicios se ajustan a las normas internacionales; recuerda que el respeto del principio de separación de poderes es fundamental en una democracia y que el sistema de justicia no puede ser utilizada por las autoridades como un medio de la persecución política y la represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas a retirar las acusaciones infundadas y órdenes de detención contra los políticos de la oposición, pide a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones políticas y afiliaciones;

7. Pide al Gobierno venezolano a que cumplan con su propia Constitución y las obligaciones internacionales con respecto a la independencia del poder judicial, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, así como el pluralismo político, que son las piedras angulares de la democracia y para garantizar que las personas no son penalizados por ejercer sus derechos de reunión pacífica ya la libertad de expresión;

8. Pide al Gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y para llevar a cabo investigaciones efectivas sobre presuntas violaciones de derechos humanos; y permitir un ambiente para los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales independientes para llevar a cabo su trabajo legítimo en la promoción de los derechos humanos y la democracia;

9. Pide al SEAE ya la Delegación de la UE, así como de las delegaciones de los Estados miembros, para seguir observando las investigaciones y las audiencias del juicio de los líderes de la oposición;

10. Pide al Gobierno venezolano a que entablen un diálogo fuerte y abierto de Derechos Humanos con la Unión Europea;

11. Pide a la UE, sus Estados miembros, y AR / VP Federica Mogherini para pedir la liberación inmediata de los manifestantes que han sido detenidos arbitrariamente desde el inicio de las protestas;

12. Recuerda su demanda de una delegación ad hoc del Parlamento Europeo que se enviará a evaluar la situación en Venezuela y mantener un diálogo con todos los sectores involucrados en el conflicto lo antes posible;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Asamblea Nacional y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

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