El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el río Frío el pasado agosto, ha dado un giro determinante.
Este viernes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una suspensión inmediata de actividades en las áreas recreativas del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, mientras la justicia penal evalúa cargos por homicidio contra la cúpula de la institución.
Sanciones ambientales: Construcciones sobre el río
Tras una rigurosa inspección técnica, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, confirmó que el plantel intervino ilegalmente cerca de 650 metros cuadrados de la ronda de protección del río Frío. Las construcciones, que incluyen una granja, huerta, cancha de minigolf y parqueaderos, violan una restricción vigente desde 2014 que prohíbe cualquier actividad humana en un radio de 50 metros adyacentes al cauce.
«Estas intervenciones atentan contra los recursos naturales y el paisaje», advirtió Ballesteros. La institución podría enfrentar multas astronómicas que alcanzan los 100.000 salarios mínimos, dado que el uso del suelo estaba limitado exclusivamente a la conservación ambiental.
El cerco legal: Imputación por homicidio agravado
En el plano penal, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, formalizó ante la Fiscalía una solicitud de imputación por homicidio agravado en modalidad dolosa contra tres miembros clave del personal:
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Sonia Inés Ochoa (Rectora): Señalada como responsable de permitir fallas estructurales en los protocolos de seguridad.
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Emely Viviana Fuentes (Directora de curso): Acusada de incumplir su deber de vigilancia al permitir que la menor abandonara el aula sin supervisión.
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Diego Orlando Pinzón (Profesor de Educación Física): El memorial asegura que el docente vio a la niña fuera del salón en un horario no autorizado y, pudiendo intervenir, «optó por la inacción absoluta».
La tesis de la acusación se basa en la figura jurídica de «garantes», argumentando que Valeria no murió por azar, sino en un entorno donde quienes debían protegerla decidieron no hacerlo.
Fallas estructurales y respuesta del colegio
La investigación también reveló una falla crítica de infraestructura: una cerca rota por el desgaste que habría servido como punto de salida hacia la vegetación del río. Según el Cuerpo de Bomberos de Cajicá, este fue el trayecto que probablemente siguió Valeria antes de desaparecer.
Por su parte, el abogado del colegio, Francisco Bernate, ha calificado la petición de la familia como «improcedente», alegando que la rectoría delegó funciones en personal capacitado y que el colegio cumplía con las normativas previas. Sin embargo, la presión social y las pruebas ambientales han puesto a la institución en el ojo del huracán. La comunidad educativa y el país esperan ahora que la Fiscalía fije la fecha para las audiencias que definan el futuro de los implicados.
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