La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la legalidad del cierre de algunas estaciones del Metro de Caracas durante las protestas, considerando que la medida obedece al resguardo a los usuarios y personal de la compañía de transporte subterráneo.
En este sentido, el máximo tribunal del país declaró inadmisible una demanda interpuesta por un grupo de abogados contra el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, que solicitaba que se permitiera la circulación de los manifestantes opositores por esta importante red.
Mediante una nota de prensa el TSJ explicó que la medida «responde al resguardo que merecen los bienes e instalaciones del Sistema Metro de Caracas utilizado por más de dos millones de personas al día, ante las múltiples agresiones que, de toda índole, ha sufrido la red de transporte masivo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, durante las manifestaciones de un sector de la población que no conforma el universo de usuarios que hace vida en los medios de transporte urbano y subterráneo”.
La sentencia ordena, además, a la Secretaría de la Sala notificar al Procurador de la República «para que cuantifique, en forma cierta, los daños ocasionados a los bienes del Estado pertenecientes al Metro de Caracas, así como en otros medios de transporte de la República, y, dentro de su autonomía, actúe ante los órganos respectivos y se establezcan las responsabilidades civiles y administrativas derivadas de esos daños, a objeto de no dejar impune el resarcimiento pecuniario de los daños a bienes del Estado Venezolano».
Con información de AVN
