Venezuela rechazó este jueves el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que responsabilizan al Gobierno de ese país con supuestas violaciones de las garantías fundamentales, con base al criterio de un «seguimiento a distancia» de los hechos ocurridos durante las protestas violentas de la oposición.
El informe señala que el «alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá».
Para el Gobierno venezolano, no es posible que se le acuse de violación de derechos humanos, cuando el equipo que presuntamente desplegó la ONU trabajó a distancia y utilizó “falsas noticias difundidas por inescrupulosos medios de comunicación, sin comprobación alguna».
Asimismo, la oficina de la ONU menciona que hasta el 31 de julio, la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones promovidas desde abril por la derecha, de las cuales responsabiliza a las fuerzas de seguridad del Estado y «grupos armados progubernamentales».
La Cancillería de Venezuela a través de un comunicado asegura que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha omitido «la abundante, esclarecedora y fidedigna documentación que el Estado venezolano ha suministrado» y asegura que esa evidencia «demuestra la responsabilidad de los dirigentes opositores en la organización, promoción y financiamiento de actos violentos que han arrojado un doloroso saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos e incontables daños y sufrimientos al pueblo venezolano».
Venezuela condena «la instrumentalización de la Oficina del Alto Comisionado con fines políticos para agredir a Venezuela, desvirtuando los loables fines de esta instancia, se ha convertido lamentablemente en una penosa costumbre durante los últimos tiempos».
Con información de Telesur
