La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela extendió hasta el 31 de agosto, el lapso para que los servidores y servidoras públicas realicen su Declaración Jurada de Patrimonio.
La información la difundió el organismo a través de su página web, en la que se recuerda que los funcionarios deben exponer toda la información patrimonial (activos y pasivos), incluidos los bienes y obligaciones de su grupo familiar: cónyuge, concubino o persona con quien mantiene una unión estable de hecho y los hijos menores de edad sometidos a su patria potestad.
Le corresponde hacer este procedimiento a los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, Procurador del Estado y directores generales; jueces rectores, presidente del Circuito Judicial Penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo y su Director Ejecutivo.
También deben cumplir con el requisito los alcaldes, concejales, contralor de la entidad territorial, contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales; los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
El ente gubernamental insta a todas y todos cumplir con este requisito legal para evitar multas que van desde 50 a 500 unidades tributarias, así como también la suspensión del cargo hasta por 12 meses y la inhabilitación para optar a un cargo público.
Con información de VTV
