A propósito de la polémica generada a raíz de la aprehensión del rapero Pablo Hasél por parte del Reino de España, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela ofreció a la audiencia de Desde Donde Sea, una descripción del caso, las reacciones del Estado español ante las protestas que se desencadenaron tras la captura del cantante, así como la larga tradición legislativa de ese país en materia de censura y socavamiento de la libertad de expresión.
En su opinión, más allá de la situación concreta, el caso se hace relevante porque centra su atención en las condiciones de posibilidad de las que se disponen en una democracia –como se define la monarquía parlamentaria española–, para que las personas puedan avanzar sus opiniones e ideas y ejerzan efectivamente la libertad de expresión, un derecho humano consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
Según la prensa española, el Estado y la policía son «víctimas» de los manifestantes
Ayer, refirió Pérez Pirela, tras años de amenazas, persecuciones y acosos por parte del Estado español, la policía aprehendió al rapero Pablo Hasél y ello trajo como consecuencia disturbios en distintos lugares de España, registrándose inclusive varios heridos y encarcelados, producto de los choques con la Policía.
Según datos compilados para la edición, en Barcelona, una joven de 19 años perdió un ojo durante las protestas en Cataluña. El disparo, según organizaciones de derechos humanos, provino de un arma de los ‘Mossos d’Esquadra’, instancia a cargo del orden público en esa ciudad. Las protestas se extendieron a varias ciudades catalanas, así como a Valencia y a Sevilla.
En Madrid, 10 personas fueron detenidas, siete resultaron heridos y dos de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud. De acuerdo con lo divulgado en las redes sociales, en las pancartas se leyeron frases como: «Audiencia Nacional, tribunal fascista» y «Los Borbones son unos ladrones».
Paralelamente, relató el analista, en la capital española se desarrolló una manifestación encabezada por neonazis y neofascistas sin que se produjera respuesta paralela alguna.
Al dar cuenta de las protestas en repudio al encarcelamiento del cantautor, a los que, pese a la pandemia, acudieron grandes grupos de personas, la prensa española presentó a los manifestantes como agresores que causaron numerosos daños a la propiedad pública y a la Policía como «víctima» de acoso, a la que no le quedó otro remedio que solicitar apoyo y aplicar mecanismos violentos para disolver las protestas.
Injurias a la corona: el caso contra Hasél
El también director de LaIguana.TV relató que al rapero Pablo Hasél le fue impuesta una pena de nueve meses y un día de prisión porque en su tema «Juan Carlos el bobón», dice, entre otras cosas, que el evadido rey emérito Juan Carlos I es «corrupto y ladrón», lo que le valió cargos por proferir injurias contra la monarquía y el señalamiento por parte de la jueza de la causa de escribir canciones que «incitan la violencia y al terrorismo y exceden los límites de la libertad de expresión».
Adicionalmente, Hasél ha dicho que esta acusación penal podría hacerle pasar una temporada en la cárcel de 20 años, si la justicia española falla en su contra en los otros casos que enfrenta por acusaciones similares, además de la imposición de penas pecuniarias superiores a los 20.000 euros y que el artista se niega a cancelar, a lo que añade una feroz persecución política que le ha imposibilitado encontrar un empleo fuera de la industria musical.
El cantante ha defendido el contenido de su canción, arguyendo que no es culpable que el rey emérito haya dilapidado los recursos de los españoles y que eso sea público, pues asegura no estar diciendo nada distinto de lo que se informó públicamente en la prensa.
La acusación de «injurias contra la monarquía», continuó relatando el comunicador venezolano, también se sostiene en 64 tuits que el rapero escribió entre 2014 y 2016, en los que, según los jueces españoles, hay mensajes insultantes contra la corona.
Esta cuestionada decisión ha sido defendida por juristas españoles, con el alegato que se trata de un delito contemplado en el andamiaje jurídico vigente y que para echarlo atrás, habría que derogar esas leyes y sancionar otras distintas.
Empero, para Pérez Pirela no es casual que la persona encarcelada se autorreconozca comunista y haya declarado públicamente que se inspira en personajes como Isabel Aparicio, dirigente del Partido Comunista Español encarcelada después de haber abandonado la lucha armado.
Asimismo, a su parecer, tampoco puede dejarse de lado que desde que la organización País Vasco y Libertad (ETA, por sus siglas en euskera) dejara las armas, se incrementaron las acusaciones por presuntos delitos de terrorismo contra militantes de la izquierda.
De su lado, Hasél opina que su encarcelamiento no contribuirá a evitar que su mensaje se reproduzca, como pretenden las autoridades, sino que se producirá el efecto opuesto.
Según la justicia española, comentó Pérez Pirela, Hasél es reincidente, pero no es el único artista es perseguido, puesto que más de 10 intérpretes tienen causas abiertas por delitos similares a los que a él le imputan.
La respuesta de los acusados, sin embargo, no ha sido homogénea. El rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido artísticamente como Valtonyc, huyó a Bélgica para evitar la cárcel, pero Hasél decidió permanecer en España para enfrentar a la justicia, pese a que tuvo la ocasión de viajar a Bélgica y a Venezuela.
El cantante declaró que si decidiera exiliarse, tal y como desea el gobierno español, su voz terminaría por ser silenciada, lo que no sucederá si es encarcelado. Así, aún a sabiendas de que la policía iría por él, se atrincheró en una universidad a esperar su captura y dijo que los únicos que podían salvarlo del presidio serían los movimientos afines a su causa, que, asegura, le trasciende, pues España es el país en el mundo que más encarcela a cantantes y personas ligadas a la cultura.
Es público que Hasél ha rechazado y desconocido históricamente a la monarquía, a la que sindica de ser un puente entre la dictadura de Francisco Franco y la posterior «democracia», a la que tilda sin disimulos de fascista, mencionó el experto venezolano.
Así, ha escrito cosas como «no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, me da pena los que mueren en una patera», atacando al último gobierno derechista del Partido Popular (PP), pero también ha lanzado sus dardos contra la gobernante alianza izquierdista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, a la que acusa de ser tibia y perpetuar, en la práctica, toda la lógica franquista.
Las reacciones al encarcelamiento de Pablo Hasél
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, perteneciente a las filas del PP, condenó la violencia causada por las protestas, respaldó la actuación de las fuerzas del orden público y exigió el pronunciamiento de los partidos políticos, una postura que secundó la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también pertenece al PP.
De su lado, el senador Albert Botran condenó que un cantante llegara a la prisión por delitos de opinión. En su intervención en el congreso, condenó que en pleno siglo XXI exista el delito de injurias a la corona y rechazó el uso del supuesto argumento del terrorismo para instaurar persecuciones ideológicas, porque, a su parecer, la ley no se aplica igual para todos.
Para sustentar su apreciación, el legislador refirió que la semana previa al encarcelamiento de Hasél, alguien difundió un video disparando contra autoridades y su causa fue archivada, mientras que el rapero fue llevado a la cárcel por «discriminar» al rey.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos defendió a los manifestantes antifascistas en las redes sociales, si bien algunas personas están cuestionando la tibieza de esta tolda, señalando que en lugar de usar Twitter para quejarse, podría usar su posición de poder para cambiar las leyes.
Por su parte, el senador colombiano Gustavo Petro escribió en Twitter: «En España, hace un tiempo, fusilaron un poeta y encarcelaron muchos hasta su muerte, era el ¡muera la inteligencia! repetida millones de veces por millones de voces vestidas de negro. Hoy han vuelto a encarcelar un artista por decir verdades. Libertad para Pablo Hasél».
Con esto, explicó Miguel Ángel Pérez Pirela, Petro se refería al gran poeta Federico García Lorca, a quien el Estado español mató por homosexual y socialista, caso que ilustra, en su criterio, cómo pocas cosas han cambiado desde los tiempos de Franco.
De otra parte, personalidades del mundo del arte en España como Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba suscribieron un comunicado en el que se exige la liberación inmediata de Hasél y se critica la actuación del Estado frente a artistas disidentes.
En el texto se indica que «el Estado español ha pasado a encabezar la lista de los países que más han represaliado a artistas», de manera similar a lo que ocurre en países como Marruecos o Turquía.
La pesada herencia del franquismo: el caso de la «Ley Mordaza»
De acuerdo con lo consultado por el equipo de investigación de Desde Donde Sea, muchos analistas coinciden en señalar que la causa de estos atentados contra las libertades culturales en España, está relacionada con la llamada «Ley Mordaza», sancionada en 2015 bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy con la que se pretendió instaurar una suerte de Estado policial capaz de impedir las protestas contra los desahucios y los recortes sociales, omnipresentes en el país durante la última década.
El instrumento jurídico prohíbe explícitamente la manifestación frente a oficinas del gobierno y contempla penas pecuniarias que van desde 100 euros hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad del delito imputado.
Así, serán tratados como delincuentes, entre una larga lista, quienes protesten contra los desahucios o traten de impedirlos, quienes se cubran el rostro en las manifestaciones, se aglomeren frente a edificios públicos o infraestructuras de comunicación, se nieguen a mostrarle la identidad a la policía, así como los periodistas que tomen y/o divulguen imágenes o fotografías de agentes de la policía sin contar con su autorización.
En el juicio de Pérez Pirela, esta ley supone una violación grave a la libertad de información y al derecho a la expresión, que intenta socavar a través de la imposición de multas impagables para los ciudadanos comunes, al tiempo que deja en manos de la Policía la administración de justicia en un conjunto variado de situaciones, en lugar de dejarlo bajo la responsabilidad de un juez, como es propio en las democracias.
Además de las precitadas prohibiciones, en la «Ley Mordaza» el Reino de España prohíbe las reuniones de más de 20 personas, ello para impedir la realización de manifestaciones multitudinarias como las que se sucedieron durante el llamado 15-M.
De parte del periodismo y del ejercicio de la libertad de información y opinión, este instrumento limita la función educadora del periodismo en las calles y establece un carril acerca de lo que se puede o no documentar, pues la Policía está habilitada a someter a «intensos interrogatorios» a quienes, en su opinión, hayan violentado la ley.
Empero, Pérez Pirela comentó que no es la primera vez que la «democracia» española apela a estos métodos. En el gobierno de Felipe González se aprobó la popularmente conocida «Ley de la Patada en la Puerta», con la que la Policía fue autorizada para tumbar a patadas las puertas de los sitios donde «presuntamente» se desarrollaran actividades conspirativas.
Por su lado, el intelectual vasco Iñaki Gil de Sanvicente apunta que este fenómeno no es único de España, sino que en Italia, Alemania, Grecia, Portugal e Irlanda se edificaron desde 2015 legislaciones muy fuertes que ponen en tela de juicio el ejercicio de la libertad de expresión.
Específicamente en el caso español, la «Ley Mordaza» contradice 12 artículos de la Carta Magna vigente, es ambigua, deja espacio para la libre interpretación y tiene 44 artículos que les permite a la Policía actuar sin que se precise la autorización de un juez.
Con base en estos indicios, Gil de Sanvicente concluye que España se convirtió en una justicia «neoabsolutista», que echa por borda los principios consagrados en la democracia burguesa.
Pablo Hasél ha defendido esta tesis con otras palabras, al asegurar que su caso es todavía peor, puesto que no está siendo perseguido por la «Ley Mordaza», a pesar de que se le han impuesto multas elevadas–, sino porque fue judicializado porque en el andamiaje penal español existe el delito de injuria al rey.
De otra parte, el comunicador venezolano subrayó que las trasnacionales jugaron su papel en la creación del instrumento legal, que también estipula que la infraestructura privada no puede ser tocada por migrantes ni desahuciados, con lo que quedan salvaguardados los intereses de importantes constructoras como HLCSS, que aportó fondos para el gobierno de Rajoy.
Como se prohíbe transmitir en ‘streaming’ o a través de las redes sociales la actuación de la Policía en las protestas sociales, esto significa que se impide documentar la represión ejercida por las fuerzas de seguridad y por otro lado, se impide de facto las protestas sociales por los múltiples recortes en salud, educación y vivienda que se suceden desde 2010, redondeó el analista político.
En otro orden de ideas, si bien con Rajoy en el gobierno se hizo posible sancionar esta ley, porque era incapaz de conectar con las necesidades de la población, lo que no se entiende es el actual gobierno de presunta izquierda, se conforme con quejarse en la red y no haya emprendido ninguna acción para derogarla.
Apenas tras el apresamiento del cantante, Unidas Podemos dijo que promoverá la derogación de la ley y la aprobación de uno que garantice más libertades y también adelantó una petición de indulto, el último recurso que le queda a Hasél para no pisar la cárcel.
Sin embargo, lo sucedido, a pesar de lo indignante y retrógrado que pueda parecer, no es sorprendente, si se considera que España tiene un largo historial de legislaciones que censuran el periodismo, analizó Pérez Pirela.
En la década de 1920, el dictador Miguel Primo de Rivera decía que se necesitaba un estatuto para obligar a la prensa a ser buena, pues la igualdad de derechos para difundir opiniones era una ingenuidad y en 1931 se prohibieron las noticias que pudieran quebrantar la paz social o el orden público. Desde entonces, reflexionó, no ha cambiado nada, pues la monarquía del Estado español es heredera del dictador Francisco Franco.
Con él en el poder, los periódicos eran botín de guerra del nacionalismo y los periodistas debían ser apóstoles cuyo deber era las ideas de régimen. El Estado se arrogaba el seleccionar la información que se difundía y se prohibía hablar de ciertas personas o de ideas que dejaran mal parado al gobierno, prácticas que permanecieron aún cuando uno de los ministros de información de Franco suspendió la censura directa por la imposición de multas y la prohibición de publicaciones críticas con el gobierno.
Esto se explica, en su criterio, porque en 1941 Franco creó la Escuela Oficial de Periodistas, que monopolizó la formación del gremio durante 20 años y después de la transición, que encabezó el hoy muy señalado rey emérito, las bases del actual Estado español se levantaron sin cambiar sustantivamente la estructura previa.
De esta manera, concluyó, lo que viven Hasél y otros cultores españoles, no es otra cosa que el efecto de un Estado fundamentado en la lógica moral, política y jurídica que legó el franquismo, articulado no solamente en el PP sino a VOX, partido de ultraderecha que ha servido de soporte a las derechas y ultraderechas latinoamericanas, mientras hacen esfuerzos propagandísticos para presentar a figuras como Juan Guaidó y Leopoldo López como paladines de la libertad y la democracia.
