Este miércoles la Asamblea Nacional invalidó los acuerdos de la legislatura electa en 2015, los cuales pretendían desconocer la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República.
Asimismo, desconoció a los embajadores y demás funcionarios del servicio exterior así como al Procurador general; y el acuerdo que trató de designar a falsas autoridades en el Banco Central de Venezuela (BCV).
Los acuerdos de fecha 27 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019 del anterior parlamento, estaban dirigidos a desconocer la elección, proclamación y juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República.
«Gracias a esos acuerdos ilegítimos nuestro país se volvió blanco de sanciones y órdenes ejecutivas. Hoy rescatamos el Estado de derecho para el bienestar del pueblo. Venezuela decidió y decidirá su futuro siempre por la vía constitucional», expresó.
El diputado Timoteo Zambrano indicó por otro lado que «debemos anular todos los actos ilegítimos de la AN de 2015. Desmontamos el gobierno dual que pretendió dañar al país. La base fundamental para el rescate de los activos en el extranjero está en la nulidad de esos actos legislativos».
Asamblea Nacional invalidó los acuerdos de la legislatura electa en 2015
Asimismo el acuerdo aprobado este miércoles indica que “deben restituir los activos de la República e resarcir los daños ocasionados a Venezuela; así como exhortar al sistema de justicia en general para que se cumplan los mecanismos legales para establecer las responsabilidades civiles y penales; con claro respeto del debido proceso”.
El acuerdo del 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020; mediante los cuales se pretendió el desconocimiento del Procurador General de la República, así como del sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de la República, tanto nacional como internacionalmente.
El cuarto acuerdo rechazado resultó el firmado en tres ocasiones por la AN electa en 2015: el 26 de junio de 2018; el 16 de julio de 2019 y el 19 de mayo de 2020; “mediante el cual se pretendió designar a falsas autoridades en el Banco Central de Venezuela (BCV); con la finalidad de engañar a la comunidad internacional y al sistema Bancario mundial y obstaculizar mediante fraude; el control legítimo de la República sobre sus activos en el extranjero”.
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