“Confiamos en que el Tribunal Constitucional le proporcione por fin a Alex Saab la justicia que se le ha negado durante once meses”
Jose-Manuel Pinto Monteiro
Isla de Sal, República de Cabo Verde
26 de mayo de 2021
Detenido arbitrariamente en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020, a la espera de su extradición a los Estados Unidos de América, el Embajador Alex Saab continúa incansablemente su lucha por su libertad frente a la injusticia.
Armado de valor y resistencia, el embajador venezolano ha lanzado su apelación ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que tiene el poder de hacer la justicia que se le ha negado este último año. En esta última presentación, el Embajador Saab declara el carácter abusivo e inconstitucional tanto de su detención como del procedimiento de extradición, que lo expone al riesgo de tortura, malos tratos, juicio injusto y cadena perpetua, y todo por el supuesto delito de apoyar los programas de bienestar social de la República Bolivariana de Venezuela en desafío al bloqueo económico y político ilegal impuesto por Estados Unidos.
Como sus abogados, acabamos de presentar un escrito riguroso, mordaz y convincente. Incluye una larga lista de alegaciones de violaciones constitucionales y de los derechos humanos, incluida la motivación política de la solicitud de extradición, el carácter arbitrario de su detención y arresto, y la ilegalidad del procedimiento.
Esta petición final al Tribunal Constitucional se presentará el 25 de mayo, que también festeja el Día de la Liberación de África, un día muy simbólico de las luchas por la libertad contra la hegemonía occidental, símbolos que también son características distintivas de la lucha del Embajador Saab.
La lucha del embajador Alex Saab es la de un hombre que se enfrenta a una flagrante denegación de justicia, a la arbitrariedad de un gobierno y a la violación de sus derechos. El Tribunal Constitucional caboverdiano como garante máximo de los derechos y las libertades es percibido por todos como un bastión contra la arbitrariedad y el órgano encargado de protección de los derechos fundamentales. Este último recurso es el de la propia justicia, el de la libertad y el de la fe.
Información de contexto
El Sr. Alex Saab, empresario humanitario, Enviado Especial de Venezuela y representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela en la Unión Africana (“el Apelante”). Mientras se encontraba en una misión humanitaria especial en Irán en nombre de Venezuela, fue detenido y lleva encarcelado en la República de Cabo Verde (“Cabo Verde”) desde el 12 de junio de 2020 a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos de América. A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la CEDEAO del 15 de marzo de 2021, en la que se declara que su detención y arresto fueron arbitrarios, se ordena su inmediata liberación y la suspensión del proceso de extradición en su contra, todavía sigue detenido y el diálogo diplomático entre la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) y el gobierno de Cabo Verde no ha sido fructífero para resolver la disputa pacíficamente. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó el 16 de marzo de 2021 la orden de extradición.
Se alega que esta solicitud de extradición forma parte de una maniobra política iniciada por los Estados Unidos de América, utilizando al gobierno de Cabo Verde como herramienta para debilitar al gobierno de Venezuela. En este sentido, lejos de ser un caso anecdótico de extradición, este caso está fuertemente marcado por una significativa dimensión política y violatoria de los derechos de un estado soberano: el estado de Venezuela. En este sentido, el papel del Tribunal Constitucional como garante del estado de derecho y de los valores fundamentales es decisivo para controlar los riesgos de arbitrariedad y de violación de las normas constitucionales, del derecho internacional y de los derechos humanos. La sabiduría del Tribunal no solo protegerá los derechos subjetivos del apelante, para hacer justicia, sino también para proteger los derechos e intereses del estado de Cabo Verde en sus relaciones internacionales, económicas y diplomáticas.
Ante el honorable Tribunal Constitucional, el apelante invoca la violación de varios de sus derechos constitucionales y humanos a lo largo del proceso de extradición. Alega, entre otras cosas: el incumplimiento de las garantías judiciales en el proceso de extradición; el carácter arbitrario e ilegal de la detención y del arresto; la violación de los principios de reciprocidad y especialidad de la extradición, así como la motivación política de la solicitud de extradición; la falta de evaluación del riesgo de ser expuesto a un daño irreparable en caso de extradición; la falta de aplicación de los principios diplomáticos de inmunidad e inviolabilidad; y el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la CEDEAO que ordena la liberación inmediata y la suspensión del proceso de extradición.
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