El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se pronunció este jueves sobre los abusos en depositarías judiciales.
Durante una rueda de prensa, reveló que siguen recibiendo denuncias de personas que han sido víctimas de abusos en esta materia.
«Los peticionarios indican que sus vehículos fueron o están siendo objeto de desvalijamiento; o aprovechamiento por parte del personal que labora en los estacionamientos judiciales. Otros denuncian los elevados costos de tarifas que son obligados a pagar para poder retirar sus vehículos; siendo en algunas oportunidades este costo muy superior al valor mismo del vehículo. Estamos a fondo trabajando esta materia para erradicar este flagelo», manifestó.
También, señaló que los daños que han recibido algunos vehículos han llevado a muchos ciudadanos a decidir no retirarlos porque prácticamente los convierten en chatarra.
«Hemos detectado que hay vehículos que se han recuperado cuyo estatus no ha cambiado en el Sistema De La Información e Investigación Policial; por lo cual los dueños no saben que ya pueden ir a retirarlos», añadió Saab.
Nueva circular para estacionamientos judiciales
En este sentido, el Fiscal General informó que decidieron elaborar una nueva circular para establecer los lineamientos de actuación de los fiscales del Ministerio Público ante estas irregularidades.
La circular que ya han fijado, establece los Criterios del Ministerio Público en materia de supervisión a los estacionamientos judiciales.
«El Ministerio Público se encuentra plenamente facultado para emitir resoluciones referentes al resguardo y devolución de objetos que hayan sido colectados; retenidos o recuperados en el curso de una investigación penal; tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal y el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas», aseguró.
La presente circular establece los lineamientos y criterios institucionales por los cuales deben regirse los fiscales del MP; al momento de observar irregularidades con los vehículos que se encuentren en resguardo en los diferentes estacionamientos judiciales a nivel nacional.
Las situaciones que pueden presentarse y los lineamientos que deben seguirse son los siguientes: Luego de realizada la entrega del vehículo automotor por parte de la Representación Fiscal; y en caso de que la persona a la que le fue entregado el vehículo manifieste que el mismo se encuentra desvalijado o deteriorado; el fiscal del Ministerio Público deberá ordenar una inspección de mecánica y diseño en la cual se compare el diseño original y la Planilla de Vehículo Registrado (PVR); con el estado actual del vehículo. De arrojar un resultado que confirme el daño manifestado, el fiscal deberá informar a la Dirección de adscripción con el objeto de coordinar el inicio de una investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
En aquellos casos en que el Ministerio Público realice inspecciones conjuntas con expertos vehiculares de la División de Identificación Vehicular del Ministerio Público; y funcionarios competentes en materia vehicular y de seguridad ciudadana; a los fines de verificar el estado de los vehículos resguardados en los estacionamientos judiciales y mediante comparación entre la PVR y el estado actual del mismo; y se determine que ha sido desvalijado, se deberá proceder a realizar la aprehensión en flagrancia del responsable del estacionamiento judicial.
Cuando el fiscal del Ministerio Público haya hecho la entrega de un vehículo automotor a la víctima y el estacionamiento judicial se niegue a materializarla; alegando que se deben cancelar las tarifas por el resguardo; en contradicción a la Ley de Depósito Judicial y a la Sentencia 2.532 del 17 de septiembre del año 2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se establece que si se trata de bienes a ocuparse en causas distintas a las señaladas; ellos pueden ser depositados en los locales designados como depositarias judiciales, pero éstas no podrán igualmente cobrar emolumento alguno o ejercer el derecho de retención sobre los bienes depositados. Por cuanto la persona que tiene derecho sobre los mismos no dio origen a la medida de incautación, y por tanto no queda obligada a pagar los gastos del depósito; tal como se desprende de la letra del artículo 16 de la Ley Sobre Depósito Judicial.
Si la víctima le manifiesta al fiscal del MP la negativa de entrega por parte del responsable del estacionamiento judicial; el fiscal deberá ordenar a un cuerpo de seguridad del Estado que haga cumplir su decisión y en caso de mantenerse renuente, deberá ser aprehendido en flagrancia por el delito de apropiación indebida calificada; sin perjuicio de otros delitos que puedan derivarse de la investigación en aquellos casos en que el Ministerio Público realice inspecciones conjuntas con expertos vehiculares de la División de Identificación Vehicular del Ministerio Público; y funcionarios competentes en materia vehicular y de seguridad ciudadana a los fines de verificar el estado de los vehículos resguardados en los estacionamientos judiciales; y su condición en el Siipol, y se compruebe que se encuentra en estatus “solicitado” y no se haya cambiado al estatus que corresponda El fiscal deberá levantar un acta de esto y elevarla a la Dirección de adscripción con el objeto de coordinar el inicio de una investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
En los casos en que de la investigación se determine que hubo una inclusión, exclusión o modificación fraudulenta de un vehículo automotor en el Siipol; el fiscal del Ministerio Público deberá levantar un acta de esto y elevarla a la Dirección de adscripción con el objeto de coordinar el inicio de una investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
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