El jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, investigado por sedición, seguirá en libertad provisional pese a que la fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió que fuera a prisión a la espera de juicio, informaron fuentes judiciales.
La jueza Carmen Lamela prohibió salir del país a Trapero y le obliga a presentarse cada quince días en el juzgado, debe otorgar un teléfono de contacto donde se pueda localizar «inmediatamente» e indicar una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.
La magistrada tomó la decisión, al no poder vincular por el momento al jefe de los Mossos en el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial), permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana el pasado 20 de septiembre, en un registro vinculado a los preparativos de la consulta independentista.
La actuación de Trapero esos días «no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves, como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación», dijo.
La justicia sospecha que la policía catalana siguió directrices políticas y se inhibió ante el hostigamiento a la policía española de centenares de manifestantes, el 20 de setiembre frente a unas dependencias del gobierno catalán.
Además de Trapero y de la intendente de los Mossos, también están citados para declarar en la Audiencia Nacional los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Ambos están acusados de ser «por su capacidad de convocatoria» los principales responsables de promover aquellas concentraciones.
Con información de Telesur