MP exigió al TSJ anule sentencia del caso de Linda Loaiza

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Tras la espera de once meses por una respuesta, el Ministerio Público (MP) exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contestar su petición para que sea anulada la condena en que en 2006 se le impuso a Luis Carrera Almoina por haber secuestrado y maltratado a la joven Linda Loiza López, crimen que conmocionó a Venezuela a principios de este siglo.

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Foto: Referencial

La solicitud la formuló el fiscal ante el máximo juzgado, Jesús Gerardo Peña, quien en el oficio numerado como FTSJ-1-0216-2016 y fechado el pasado 18 de noviembre, requirió a la magistrada Gladys Gutiérrez “de manera respetuosa se dicte el pronunciamiento judicial al que hubiere lugar”, luego de verificar que el recurso de revisión que el pasado 21 de diciembre interpuso el fiscal Nelson Castellanos “se encuentra en etapa de sentencia”. Gutiérrez es la ponente del caso.

El despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz solicitó a la Sala Constitucional anular la condena que contra Almoina dictó el Tribunal 7 de Juicio de Caracas, el cual fue avalada por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas, por considerar que la misma no estaba fundamentada ni motivada.

Almoina, a quien los medios de comunicación bautizaron como “El Monstruo de Los Palos Grandes”, en 2006 fue declarado culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad (secuestro) y lesiones personales graves, y sentenciado a pasar seis años y un mes de cárcel. Sin embargo, el hijo del exrector de la Universidad Nacional Abierta (UNA), Gustavo Carrera Damas, fue absuelto del delito de violación.

El requerimiento del MP al TSJ se produjo 14 días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciara su decisión de demandar a Venezuela ante la Corte Interamericana por lo que le ocurrió a Linda Loaiza López. Esta es la primera vez que el Estado deberá enfrentar un proceso judicial internacional relacionado con violencia machista.

Para la CIDH la actuación de las autoridades venezolanas en este caso fue negligente, pues no solo no pudieron garantizarle su derecho a la justicia, sino que de paso no le ofrecieron la asistencia y ayuda que una víctima de violencia a la mujer requiere.

Con información de El Universal