En caso sin precedentes en el Reino Unido, los abogados de la Administración de Nicolás Maduro, y de la “ad hoc” del opositor Juan Guaidó defendieron este martes su respectiva autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra
Nick Vineall, por parte de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, y Andrew Fulton, representante de la junta dispuesta por Guaidó; expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país.
El Supremo, que analiza un recurso elevado por la parte de Guaidó contra un fallo anterior desfavorable, debe dictaminar, en una fecha por precisar; a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela -cuya junta del BCV tendría en principio potestad sobre el oro-.
Si finalmente concluye, en base a la jurisprudencia inglesa -y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres-, que el líder es Guaidó, los cinco jueces tendrán entonces que decidir si dan por buenos sus nombramientos políticos (entre ellos la junta), pese a que quedaron invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
El fallo del Supremo servirá para que, eventualmente, el Tribunal Superior determine a qué junta autoriza para gestionar el oro, que la de Maduro reclama con el argumento de transferir fondos a la ONU para adquirir equipamiento y medicinas contra la pandemia.
Maduro y Guaidó defendieron autoridad sobre oro depositado en Inglaterra
En la jornada de hoy intervino James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, que confirmó la posición «clara y sin ambigüedades» adelantada el lunes de que su Gobierno reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.
En contra de lo que pide el bando de Maduro, Eadie instó a la corte a aceptar esta posición en base a la llamada doctrina de “una sola voz”; -que conmina a los poderes del Estado a actuar unificados en política exterior- sin entrar a “examinar el contexto” de quién ostenta realmente el control de las instituciones en Venezuela.
Del mismo modo, considera que el tribunal no debe tener en cuenta que la Justicia venezolana no reconoce ni el estatus de Guaidó ni sus nombramientos políticos, que quedaron anulados.
Fulton, por parte del dirigente opositor, coincidió en que la doctrina inglesa de Actos de un Estado foráneo obliga a la corte a dar por “válidos y efectivos”, al margen de que “sean o no legales”, los nombramientos de Guaidó en suelo venezolano, dado que resultó reconocido jefe del Estado por el Gobierno británico.
Argumentos del Gobierno Nacional
Por su parte, Nick Vineall, por la junta del BCV de Nicolás Maduro, cuestiona el “estatus constitucional” en este litigio de Juan Guaidó, que en enero cesó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana al no presentarse a las elecciones de 2020 en su país.
El letrado argumentó que, si bien el Gobierno británico le reconoce como jefe de Estado, no lo ha hecho como jefe de Gobierno debido a que el opositor “no tiene ningún tipo de control” dentro de Venezuela; por lo que no resultaría aconsejable dejarlo a cargo de las reservas de oro, valoradas en casi 2.000 millones de dólares.
Como ejemplo de que -a su juicio- el reconocimiento de Londres resulta confuso, Vineall señaló que el Gobierno británico se negó a conceder credenciales diplomáticas a Vanessa Neumann, la exembajadora de Juan Guaidó en Londres, mientras que mantiene los lazos con los representantes de Maduro.
Eadie, el abogado del Foreign Office, arguyó no obstante que no es relevante o significativo que el Ejecutivo continúe la relación “en esferas limitadas” con la Administración chavista.
El abogado de la junta de Nicolás Maduro avisó de que entregarle el oro depositado en Inglaterra a Guaidó solo porque el Gobierno de Londres, por sus propias motivaciones geopolíticas, le reconociera como líder de Venezuela; podría dañar la reputación del Banco de Inglaterra y del Reino Unido como custodio de activos extranjeros.
Vineall incidió en que si la junta “ad hoc” del dirigente opositor recibe los activos, dado que no existe como organismo sobre el terreno; sus transacciones no resultarán auditadas debidamente ni existirá garantías de que redunden en beneficio de los ciudadanos.
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