viernes, diciembre 13, 2024
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Movimiento Ecológico de Venezuela denunciará decreto sobre el Arco Minero

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El coordinador regional en Naguanagua del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Eudomar Freire, informó este jueves que iniciaron la recolección de firmas para rechazar la aplicación del decreto 2.248, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, sobre la explotación de zonas ecológicas sensibles de Guayana por parte de empresas trasnacionales.

Movimiento Ecológico
Foto: Pro Naguanagua

A través de un comunicado, Freire anunció que llevarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denuncias sobre el Decreto del Arco Minero, que permite a empresas trasnacionales la explotación de zonas sensibles del área de Guayana en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y a toda la nación, violando de esta manera los acuerdos nacionales e internacionales, pasándole por encima a la Constitución en sus Artículos 127, 128, 129, y 130.

El dirigente, señaló que Venezuela suscribe acuerdos internacionales en materia de protección ecológica y que, a pesar de eso, «violenta» estos pactos y «toca» zonas de reglamentación especial. En este caso, la tolda también suscribirá el recurso de nulidad que fue introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el decreto, así como las acciones que se emprenden desde la Asamblea Nacional (AN).

En ese sentido, informó que iniciaron la recolección de firmas para que ciudadanos apoyen la iniciativa contra el decreto presidencial, las rúbricas serán consignadas ante el Parlamento y el Máximo Poder Judicial.

Asimismo, destacó que «con el Decreto de Arco Minero se establece la destrucción del ambiente, sobre todo de 111 mil 843 kilómetros de la Guayana, más del tamaño de la Isla de Cuba que mide 109 mil 884 kilómetros cuadrados, incluyendo las aguas costeras y territoriales, dado en nuestro territorio donde hay selvas, recursos hídricos, importantes afluentes que surten al Río Caroní, así como fauna y flora que serán severamente afectadas».

Finalmente, Freire indicó que también 10 comunidades indígenas sufrirán las consecuencias de la explotación de oro, diamante y coltán por parte de empresas que ya iniciaron la firma de contratos, bajo el aval presidencial.

Con información de nota de prensa

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