jueves, marzo 28, 2024
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La raza pitbull es ilegal en Venezuela

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Desde el 2015, la raza de perros American Pit Bull Terrier, más conocida como PitBull comenzó a ser ilegal en Venezuela, como lo especificó la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.338 de fecha 4 de enero de 2010.

En esta disposición legal, se le prohíbe, en el artículo 33, la tenencia de caninos pitbull, terrier americano, bull terrier staffordshire, terrier americano staffordshire y todos sus mestizajes.

En el artículo 32 se establece que “El propietario o propietaria, tenedor o tenedora de animales domésticos, no podrán:

  1. Abandonar en la vía pública ejemplares vivos o muertos.
  2. Maltratarlos, agredirlos físicamente o someterlos a cualquier otra práctica que les ocasione sufrimiento, daño o muerte.
  3. Practicarle mutilaciones.
  4. Usarlos como blanco de tiro.
  5. Castrarlos sin haber sido anestesiados previamente.
  6. Mantenerlos en condiciones de hacinamiento en contravención al óptimo animal”.

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Mientras que el artículo 33, precisó que “Se restringe la propiedad y tenencia de caninos pitt-bull. Por consiguiente quienes ejerzan tales derechos sobre estos animales estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Mantenerlos permanentemente en condiciones de cautividad.
  2. Deberán cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes.
  3. Adoptar las medidas de aseguramiento necesarias para evitar el escape de los ejemplares”.

Esta Ley se creó, en su momento, porque en un tiempo fue recurrente que una persona muriera tras el ataque de un pitbull; por lo cual se procedió al marco jurídico para evitar que más ciudadanos fallecieran a consecuencia de los caninos.

De hecho, dicha Ley es una de las más dura en contra de la cría de esta raza de perros; ya que ningún otro país había establecido una norma de tal envergadura.

Además, la Ley suspendió la “importación, reproducción, adopción, cría y comercialización de la raza”. Y los dueños de los perros que no cumplieran con las disposiciones deberían pagar entre 40 y 70 unidades tributarias.

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