(Valencia, 10 de mayo. Noticias24 Carabobo) Según el informe anual de la organización no gubernamental Provea, nuestro país avanza en derechos sociales, pero no así en los civiles y políticos. Entre los aspectos positivos evaluados por el Informe Provea 2012 se encuentra la disminución de la pobreza en 6 puntos porcentuales durante el segundo semestre de 2012 y el incremento de la matrícula educativa.
La información la dio a conocer Rafael Uzcátegui, coordinador de Investigación de esa organización no gubernamental que monitorea la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
El informe destaca la alta conflictividad entre los movimientos indígenas por el problema de las tierras, en 2012 asesinaron a 6 indígenas yukpas el año pasado. Y ya este año, el pasado 3 de marzo, asesinaron al cacique Sabino Romero, reconocido por su lucha por el derecho de los indígenas a la tierra.
En cuanto al anuncio del Gobierno de utilizar a la Fuerza Armada Bolivariana (FAB) para realizar funciones de seguridad ciudadana, Uzcátegui señaló que está comprobado que el ejército en la calle es un potencial violador de los Derechos Humanos, porque su entrenamiento no es para atender a la ciudadanía sino para participar en situaciones bélicas. Los funcionarios están entrenados para eliminar el enemigo.
Además Uzcátegui recordó que la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caracazo exige al gobierno usar a la Fuerza Armada sólo en casos «muy extraordinarios». De hecho, la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en operativos de seguridad la ha ubicado en el primer lugar por denuncias de violaciones de Derechos Humanos.
Para el representante de Provea, la tesis represiva y la de mano dura es la que esta privando en el gobierno contradiciendo su discurso humanista. Están tomando medidas que habían rechazado como propias de gobiernos anteriores.
Expresó también que les preocupa mucho la aplicación de la Ley Antiterrorismo porque las definiciones incluidas en el texto son muy discrecionales y en la práctica se está utilizando para prohibir la protesta de los movimientos populares y para que civiles sean juzgados por instancias militares.
Puso como ejemplo el caso «absurdo» de Yendrick Sanchez (el espontáneo que interrumpió la juramentación de Nicolás Maduro), quien está siendo juzgado por delitos contemplados en esta Ley. «Nosotros estamos apoyando a la familia en el proceso y nos han hecho saber que durante 16 días Sánchez no ha podido tener contacto ni con su abogado ni con sus familiares».
Uzcátegui señaló que otro grave problema que se está generando es la obtención de información. «De 25 ministerios apenas 1, el Ministerio de Energía Eléctrica, tienen publicada su memoria y cuenta, y 18 ministerios no tenían ningún tipo de información sobre su gestión. Es muy difícil el acceso a la información oficial, que es la que utilizamos para elaborar nuestros informes».
Señaló también que está disminuyendo la credibilidad de la poca información a la que se tiene acceso.
En cuanto a los derechos a la libertad de expresión e información se pudo establecer que hay una tendencia a la disminución de ataques a periodistas, pero han aumentado las agresiones a medios de comunicación social.
Sobre las denuncias de ataque a los centros asistenciales de salud luego de las elecciones del 14 de abril, Uzcátegui dijo que se habían investigado los hechos y comprobaron que sí hubo algunas situaciones de acoso pero no de vandalismo. «No hay evidencia de que ningún centro haya sido quemado».
Con información de Globovisión
