Este viernes 15 de septiembre, la Cancillería de la República rechazó la evaluación realizada por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), donde califica al país como no cooperante en la lucha antidrogas.
Durante un comunicado, la cancillería rechazó “la continua práctica unilateral del Gobierno de los Estados Unidos de América de evaluar, calificar y emitir resoluciones sobre políticas de países soberanos en materias que competen, exclusivamente a sus asuntos internos”.
A continuación, el texto íntegro:
1. La República Bolivariana de Venezuela rechaza la continua práctica unilateral del Gobierno de los Estados Unidos de América de evaluar, calificar y emitir resoluciones sobre políticas de países soberanos en materias que competen, exclusivamente a sus asuntos internos.
2. La Resolución del presidente Trump respecto a países de alto tráfico o producción de drogas ilícitas para el año fiscal de 2018 expone a su vez la supuesta lucha contra las drogas que dice librar el Gobierno de los Estados Unidos es en realidad un arma con fines políticos, toda vez que aun reconociendo la grave situación que en términos de producción de drogas se ha venido generando en otros países en los últimos meses, es Venezuela el país señalado por el hecho de llevar a cabo una política soberana en materia de antinarcóticos. Poco tiene que ver para el Gobierno estadounidense que Venezuela ha mostrado avances significativos en la lucha contra las drogas, particularmente a partir de 2005, cuando se puso fin al convenio que hasta entonces se mantenía con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aumentando posteriormente a más del doble la efectividad de la incautación e incineración de drogas por parte del Estado venezolano. Tampoco interesa a Estados Unidos que estos avances han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, la cual reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos.
3. Las recientes declaraciones del subsecretario de Estado para el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y del Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América, William Brownfield, el pasado 12 de septiembre de 2017, así como esta nueva Resolución Presidencial, sencillamente constituyen una nueva agresión del gobierno estadounidense con la intención de robustecer la campaña que busca proyectar a Venezuela, país que no es conocido ni como productor ni como consumidor de narcóticos, como un Estado bajo el control del narcotráfico para legitimar así su objetivo político de intervenir y desestabilizar al Gobierno venezolano.
4. Estados Unidos, es en la actualidad el principal mercado para el consumo de drogas ilícitas, motivo por el cual el tráfico y la producción continúan siendo negocios lucrativos para el crimen organizado. Lejos de emplear esfuerzos evaluando y penalizando a otros países soberanos que se ven afectados por esta demanda, debería revisar sus políticas internas para garantizar la disminución del consumo que es en verdad la raíz del problema. Instamos al Gobierno estadounidense a dejar de utilizar el tema con fines políticos y proceda de inmediato a corregir sus políticas ineficientes que acaban desestabilizando a una zona de paz, como lo es el continente americano.
Caracas, 15 de septiembre de 2017
Con información de Panorama
